Mientras escribo esta nota, el subregistro de mujeres asesinadas por violencia machista en Cuba no deja de aumentar. Hasta el 21 de agosto de 2023 habían ocurrido 55 feminicidios. 55 mujeres cuya muerte no ha sido definida categóricamente por el Estado cubano. 55 crímenes sin nombrar. La sociedad civil cubana y los observatorios independientes de género refieren que la no tipificación de ese delito en el Código Penal cubano revela complicidades. Del archivo y la literatura feminista aprendimos que las mujeres asesinadas no son culpables de «la violencia que las mató». 

No son crímenes aleatorios. El feminicidio tiene causas distintas a las del homicidio y, por lo tanto, debe ser tipificado como un crimen específico. Su incorporación en las legislaciones de varios países de América Latina refleja el compromiso de los sistemas legales y gubernamentales al abordar la seguridad de las mujeres. Además, facilita la recopilación de datos exactos, una acción limitada actualmente por el Gobierno cubano. 

La Dra. Arlín Pérez Duarte, profesora de Derecho Penal de la Universidad de La Habana, dijo en mayo de 2021 que el feminicidio «incluye la irresponsabilidad del Estado, una abierta impunidad». Añadió que como resultado se genera «esa sensación de tolerancia, de conformismo». Sobre esa base, el Gobierno cubano ha tratado de evadir su responsabilidad y prefiere desmarcar las implicaciones políticas.

En Cuba ―a diferencia de 18 países de la región― el Código Penal no contempla el concepto ni la categorización legal de «feminicidio» o «femicidio», aunque sí incluyó la violencia de género como una circunstancia agravante. Es por eso que resulta curioso que algunas notas de la prensa estatal incorporen ocasionalmente el término femicidio.

Aun cuando Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, pidió tipificar el delito en la normativa, la propuesta fue rechazada en la Sesión Extraordinaria del Parlamento cubano en la que se debatió la última versión del Código, en mayo de 2022. Se excluyó además el concepto de violencia vicaria (es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos) de su marco regulatorio.

En ese contexto, los subregistros independientes no se han detenido y advierten que, en la primera mitad de 2023, se superó la cifra total de 34 feminicidios verificados en el año anterior. Además, se reportan tres intentos de asesinatos machistas y 4 casos de muertes violentas de mujeres en los que se requiere acceso a la investigación policial.

Desde 2019 —y hasta el 14 de agosto de 2023— se contabilizaron en Cuba al menos 173 asesinatos por motivos de género. 173 mujeres y su derecho vulnerado a exigir: «este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata». 

Visibles contra la impunidad

¿Qué hacer en un país donde no existen estadísticas oficiales confiables sobre un delito que no se nombra? ¿Cómo se trazan las políticas públicas y de prevención sin estos datos? ¿Es posible el activismo cuando el Gobierno lo criminaliza? Esos son algunos de los escollos que han tenido que sortear desde 2019 los observatorios independientes de violencia de género en Cuba y su red de colaboradores. 

Las huellas de la violencia machista son recopiladas a diario por varias organizaciones de la sociedad civil cubana, como el Observatorio YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensas en colaboración con la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba.

Las organizaciones realizan un subregistro porque reciben «muchas alertas que ni siquiera se pueden dar como feminicidios al no tener la posibilidad de acceder a todos los datos», refiere la crítica de arte y activista Yanelys Núñez del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).

Más de 40 feminicidios en 2023, qué esperar del observatorio de género del Gobierno

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género levantó algunos cuestionamientos entre especialistas, mientras crecen las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género.

El recuento de datos en cada feminicidio intenta ser exhaustivo y entraña muchas dificultades para acceder a las fuentes. Yanelys asegura que «existe mucho miedo todavía en la población cubana a ofrecer información». Añade que «también ha habido amenazas contra familiares de víctimas para que no den declaraciones a la prensa independiente». 

La activista y periodista Marta María Ramírez advierte que ese proceso se dificulta si la familia no quiere hablar, si las fuentes llegan con prejuicios, si además hay un proceso de revictimización en los medios en los que se describe todo lo que ha pasado de una manera innecesaria y descarnada. 

«El subregistro está logrado así: con miedo, con clandestinidad», afirma Marta María. 

Para el proceso de recabar información se ha ido articulando una red de observadoras que establecen alianzas con vecinos, familiares, amigos y contactos en redes sociales. Cuando se recibe una alerta, el hecho es verificado por tres vías distintas. 

Los observatorios construyen un expediente por cada hecho. Incluyen datos relevantes de las víctimas como la edad, la modalidad de la agresión; si hay personas dependientes que quedaron huérfanas o personas mayores que estaban a cargo de la víctima; así como las características del espacio donde ocurrió. 

A partir de esos esfuerzos, en julio se verificaron 7 crímenes machistas en las localidades de Chambas, Trinidad, Baire, Güines, Jovellanos, San José y Cárdenas. Mientras que en junio ―el mes más nefasto hasta el momento― se registraron 11 asesinatos de mujeres, entre los cuales se incluye el primer feminicidio reportado en 2023 contra una mujer trans cubana. 

Lo cierto es que la sociedad civil y las feministas cubanas han emitido llamados de atención en cada pico de violencia machista registrado en el país. Por ejemplo, después de una semana en la que se verificaron 3 feminicidios, en febrero de 2023, una decena de organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta dirigida a las autoridades cubanas solicitando la declaración del estado de emergencia por violencia de género. 

«Nos están matando» se convirtió en el tercer llamado de alerta: un modo de advertir sobre la acentuación de la violencia contra las mujeres en Cuba y la necesidad de establecer «un grupo de medidas inmediatas, urgentes, integrales para abordar la problemática y el incremento de feminicidios que en febrero se había disparado», refiere la activista Yanelys Núñez. 

Junio y julio de 2023 fueron dos meses especialmente difíciles. Dos meses en los que el Estado cubano siguió sin nombrar el asesinato por motivos de género de Alianni Rodríguez (25 años), Samira Lescar (31 años), Yanet Mejías González (24 años), Nelbys Leyva (37 años), Dayris Fuentes Chávez, Karina Betancourt Maren (41 años), Daimiris Medina (43 años), Anisleysi Rodríguez Mesero (34 años), Iliana Martínez Ávila, María Cristina Rodríguez Rodríguez (43 años), Milsa (46 años), Yunisleive Fernández, Rafaela Yusmila Ramírez Chacón (45 años) y Adela García (30 años). 

En ese mismo período (8 de junio de 2023), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) presentó el Observatorio sobre la Igualdad de Género, en el que el Estado cubano se negó a usar el término feminicidio, como podemos comprobar en una nota de la Agencia Cubana de Noticias. 

Según Yanelys Núñez, el observatorio gubernamental presenta varios fallos en su concepción. La activista considera que «todas estas acciones son para (…) decir que en Cuba hay un Estado que se preocupa por los derechos y la protección de las mujeres, pero realmente no es así». La plataforma estatal se refiere a los feminicidios como «mujeres que han sido víctimas de homicidio intencional como consecuencia de la violencia de género» y como «muertes de mujeres causadas por su pareja o expareja íntima». 

Uno de los aspectos más cuestionados del Observatorio sobre la Igualdad de Género es la metodología que usa para contabilizar los feminicidios, ya que solo cuenta los casos en los que el agresor «tiene una sentencia firme». Es por eso que registró 18 feminicidios en 2022, lo que representa la mitad de los casos verificados por los observatorios independientes en la isla. El método tampoco incluye los hechos en los que el feminicida se ha suicidado, enfatiza la activista de OGAT. «Tiene muchos fallos y no es el observatorio que necesita Cuba ahora mismo».

Articulaciones independientes ante el inmovilismo estatal 

Desde noviembre de 2022, el subregistro independiente de feminicidios desarrollado por las plataformas YoSíTeCreo en Cuba y Alas Tensas forma parte del Mapa Latinoamericano de Feminicidios. El proyecto concebido como «una herramienta de incidencia política» permite comparar cómo se está comportando la violencia de género en la región y qué deben los Estados en cuanto a leyes y movilización. 

En América Latina y el Caribe se registraron 5 228 feminicidios entre enero de 2021 y lo que va de 2023. Durante 2022, el país con mayor tasa (ajustada por edad) de feminicidios fue Honduras, al alcanzar la cifra de 5.38 feminicidios cada 100 000 habitantes.

Según dijo a elTOQUE la activista y periodista Marta María Ramírez, lo que hace particular a Cuba es que somos uno de los últimos países dentro de la región en tomar medidas, «en nombrar las cosas como deben ser nombradas». 

Asimismo, percibe una tendencia en la sociedad cubana a pedir pena de muerte y penas máximas de cárcel. «Puedo entender que, en el desamparo y en la orfandad que tenemos, este sea el camino que la gente emprenda, porque tampoco hay un debate en torno a esto y porque, además, (…) Cuba acaba de aprobar un Código Penal en diciembre del año pasado que es medieval y que conserva la pena de muerte sin siquiera permitirnos tener un debate frontal». 

«Mientras más tardemos en dar esos primeros pasos, más demorará la solución para nosotras, porque la solución no está en las legislaciones que castigan, sino en lo preventivo, en preparar a las autoridades, a maestras y maestros, al personal médico (…), a todo el andamiaje burocrático», asegura la periodista. 

¿Por qué el Gobierno cubano evade el término «feminicidio»?

La propuesta de Mariela Castro de incluir el feminicidio como delito en el nuevo Código Penal aspiró a reconocer la existencia de un problema que ha sido negado o, como mínimo, ocultado por las autoridades cubanas en otras oportunidades; incluso, por ella misma.

De igual modo, resalta el accionar de la sociedad civil cubana, cada vez más implicada en darle voz al problema. «Nosotras no estamos en cada casa, en cada pueblo de Cuba. La sociedad civil empezó a nombrar y está haciendo denuncias públicas sobre esto. Algo está pasando cuando se denuncian los feminicidios aún con miedo, con amenazas de la policía política (…). Han amenazado a poblaciones completas con el Decreto Ley 370». La normativa vigente desde 2019 prohíbe la difusión de información que el Gobierno considere «contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

Los datos sobre feminicidios en Cuba están disponibles en la web del Mapa Latinoamericano. Allí podemos leer que, de los 84 feminicidios verificados en Cuba durante 2022 y hasta julio de 2023, el 80 % (68) de esos crímenes fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima. Mientras que para el 4 % (4) de los feminicidios se desconoce la relación con el agresor. 

Gráfica tomada de https://mlf.mundosur.org/

La plataforma informa además que alrededor de 100 menores de edad perdieron a su madre como resultado de la violencia machista. Por otro lado, en el 71 % (60) de los casos no se sabe si las víctimas habían denunciado previamente al agresor. Sin embargo, de los 24 feminicidios de los que se conoce el dato, el 29 % (7) de las víctimas realizó denuncias previas.

Marta María Ramírez advierte, además: «[Algunas de estas mujeres] viven en sitios muy alejados, no tienen celulares, redes de apoyo o a alguien que denuncie. Porque una de las cosas que hacen los maltratadores, esos hombres violentos, es aislarte».

Gráfica tomada de https://mlf.mundosur.org/

La plataforma refleja que el rango de edades de las víctimas de feminicidio en Cuba va desde menos de 1 año (también se incluyen las víctimas de violencia vicaria feminicida; es decir, que no eran el principal objetivo de agresión) hasta los 80 años. El 29 % de las 84 muertes registradas en el período mencionado tenía entre 25 y 36 años. Los datos no pueden ser corroborados con las estadísticas oficiales, ya que el Gobierno cubano limita el acceso público a esa información. 

Gráfica tomada de https://mlf.mundosur.org/

Hay problemáticas distintas que matizan la violencia de género en cada país. Sin embargo, según Yanelys: «[el Mapa permite] intercambiar información y organizarnos como observatorio». Para la activista, el Mapa Latinoamericano «es una plataforma regional que reconoce que en Cuba hay violencia de género y también una sociedad civil activa (…) en un contexto en el que no se tienen en cuenta a las organizaciones independientes tildadas de mercenarias y todo pasa por el sesgo de lo ideológico». 

Violencias (de género) en Cuba

Desde 2019, la sociedad civil cubana ha insistido en la importancia de que se promulgue una ley integral contra la violencia de género; una ley que debe atravesar todo el aparato jurídico y los sectores sociales. La normativa sería la base para desarrollar campañas de sensibilización, no solo en redes sociales, sino en los medios masivos. 

«En Cuba hay acciones jurídicas como el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres», y la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar, refiere Yanelys Núñez y añade que «supuestamente existen mecanismos en las instituciones cubanas para enfrentarse a la violencia de género; sin embargo, se quedan en papel, como muchas otras leyes». 

El reconocimiento gubernamental de ese flagelo en la isla ha sido parcial. Por ejemplo, los artículos 43, 68, 84 y 85 de la Constitución aprobada en 2019 abordan temas como la igualdad de género, la violencia de género y el derecho a una vida libre de violencia. Pero es necesario que las normativas se traduzcan en acciones efectivas para la prevención. 

«Por eso es importante que la ley integral se haga en un contexto de libertad», enfatizó la activista de OGAT. Uno en el que no se criminalice el activismo independiente y se fomente la libertad de prensa, de expresión y de asociación, ya que por la experiencia internacional se sabe que «cuando las mujeres se han organizado es cuando se han visto verdaderos avances a nivel de país», asegura.

Entre las medidas que pudieran establecerse menciona la implementación de una línea telefónica especializada, pues solo existe una línea compartida con otras problemáticas como el consumo de drogas. Además, la ciudadanía ha reportado en varias ocasiones que no funciona. Tampoco hay refugios ni casas de acogida, una estructura vital para las mujeres que dependen económicamente de sus agresores o que no tienen a dónde ir cuando buscan escapar de la violencia. 

La violencia de género tiene distintas manifestaciones. Otro factor indicativo de su presencia es el matrimonio infantil. En Cuba, el 29.4 % de las mujeres manifiesta haberse casado o unido por primera vez antes de cumplir los 18 años, según la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados publicada por Unicef en 2021.

«Nosotras seguimos cargando con las mayores responsabilidades de cuidado ante un desamparo absoluto», denuncia la periodista Marta María Ramírez. De igual modo, refiere que es más visible el aumento de las familias monomarentales (formada por la madre y los hijos) «con una feminización de la pobreza y con infancias en riesgo», enfatiza la activista cubana al revisar el contexto de la violencia de género en Cuba. 

Antes de que ocurra un feminicidio ha habido mil señales. Son como señales de tránsito, dice Marta María. Hay mujeres que piden ayuda ante policías, funcionarios, amigos. Hay familias enteras que ven las señales. ESAS señales que muchas veces son ignoradas mientras dicen «entre marido y mujer nadie se puede meter» o, incluso, «te lo mereces», refiere la activista. 

Igualmente, señala que «muchos de los feminicidios denunciados en Cuba, incluso antes de la existencia de los observatorios, son de mujeres que intentaron romper el círculo de la violencia. Algunas lograron irse de sus hogares con sus hijes y empezar una nueva vida. Aun así, fueron ultimadas años más tarde en la calle, incluso en hospitales (hay un caso de 2017 en Santiago de Cuba)». Desde su experiencia como observadora, Marta María Ramírez reconoce que es muy difícil que una mujer «pueda salir sola de ese círculo». 

Feministas cubanas piden que se declare «estado de emergencia por violencia de género»

La solicitud al Gobierno cubano responde al aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas que se han registrado en los últimos meses y a la necesidad de que se implementen medidas urgentes para prevenir y atender la violencia machista.

En los últimos 4 años, a partir del trabajo de los observatorios independientes, la sociedad civil ha asumido un papel cada vez más activo en las denuncias. La activista Yanelys Núñez reconoce que las redes sociales han permitido visibilizar un fenómeno que ocurría. «[Se percibe] un aumento de la violencia en Cuba y, por supuesto, en el lugar más vulnerable están las mujeres, los niños y las personas mayores, un tema del que también debemos hablar».

Con estos antecedentes tenemos pocas esperanzas, afirma la activista asociada al OGAT. «2023 ha sido el peor año en cuanto a registros de feminicidios y solo estamos a mitad de año. Vamos a ver con qué cifras terminamos».

Hasta junio de 2023, el Gobierno de Cuba no había presentado de manera regular estadísticas oficiales sobre casos de violencia de género y feminicidios. No obstante, no pocos informes de organizaciones no gubernamentales y de defensores de los derechos humanos señalan que la violencia de género, incluidos los feminicidios, constituye un problema creciente en el país.

Las revistas Alas Tensas y Árbol Invertido presentaron recientemente el Directorio de ayudas y recursos para las víctimas de violencia de género. Mientras tanto, la sociedad civil se pregunta de modo urgente: ¿cómo se soluciona ese daño causado a mujeres y niñas víctimas de feminicidios, desapariciones, violaciones y abusos sexuales? ¿Cómo se podría hablar en Cuba de reparación y de justicia, que no sea punitiva, sino restaurativa? Muchas de las sociedades que conocemos no tienen este asunto resuelto con legislaciones integrales, pero ese puede ser el primer paso en el caso de Cuba. 

Para Yoana Echenique (28 años), Ruselay Castillo (31 años), Rosmery Ponce Peña (23 años), Deyanira Fontanill (32 años), Adela Verdecia (30 años) y Saray Moya (50 años), feminicidio es el nombre de la violencia que las mató.

Historias al oído trae los mejores textos de elTOQUE narrados en la voz del locutor cubano Luis Miguel Cruz "El Lucho". Dirigido especialmente a nuestra comunidad de usuarios con discapacidad visual y a todas las personas que disfrutan de la narración.