¿Cómo viven las personas en Cuba? ¿Cómo acceden a bienes y servicios tan básicos como alimentos y salud? Las respuestas traspasan la frontera de lo económico. Se trata de un tema político, considera Elaine Acosta, directora ejecutiva del proyecto sobre envejecimiento, cuidados y derechos en Cuba Cuido60. 

Durante una transmisión del programa ¿Ahora Qué? de elTOQUE, el 2 de junio de 2023, la investigadora analizó el aumento significativo de la pobreza y de la desigualdad social en la isla, como resultado de políticas económicas regresivas. 

El abandono progresivo de las responsabilidades del Estado cubano, que se evidencia con la retirada de la protección especial y preferente para los grupos más vulnerables y de las garantías mínimas de acceso a la alimentación, viene unido a la negativa de brindar información pública al respecto.

Por ejemplo, tras la Tarea Ordenamiento en 2021, los comedores comunitarios del Sistema de Atención a la Familia (SAF) de Cuba redujeron ostensiblemente su oferta subsidiada. La consecuencia más visible del aumento del precio fue la disminución del 40 % de quienes asistían, en su mayoría ancianos que garantizaban allí sus comidas diarias.

A ello se sumó el aumento en las tarifas para el ingreso a las casas de abuelos y a los hogares de ancianos, que pueden costar más de la mitad de la pensión de la mayoría de los jubilados (la pensión mínima es de 1 528 CUP). La modalidad semipresencial de asistencia tiene una cuota mensual de 792 CUP y con internamiento el abono asciende a 1 260 CUP. «Hoy esas instituciones y servicios están a un 50 % de ocupación. O sea, ni siquiera lo que existe puede ser utilizado porque la gente no tiene cómo pagarlo», apunta Acosta.

La investigadora recalca además la pérdida del valor adquisitivo de la pensión: «Estamos hablando de que el 80 % de las personas mayores en Cuba vive única y exclusivamente de esa pensión y que un porcentaje bajo es el que recibe remesas. Por lo tanto, claramente, tenemos ahí a un sector altamente empobrecido en sus condiciones, en su calidad de vida, en términos de ingreso, pero en otros sentidos también. Hablamos de relaciones humanas, de recursos humanos, de lo que tienen disponible en la comunidad».

Ello preocupa aún más si se considera que en 2035, de acuerdo a algunas estimaciones, las personas de la tercera edad representarán el 32.5 % del total de la población cubana. Y «para 2050 se proyecta que estará entre los países más envejecidos del mundo, con prácticamente un tercio de la población cubana mayor de 60 años», afirmó Acosta.

Las medidas del Estado cubano para atender el empobrecimiento de esa población son insuficientes. «Entregar un adicional de 280 pesos a las personas mayores que están solas y que no tienen redes familiares para compensar ese déficit de pensión es casi nada».

Acosta también insiste en la crisis alimentaria y en la ausencia de pronunciamientos gubernamentales al respecto. «No existe una estrategia o un plan, algo que diga cómo vamos a salir de esto, y que no suponga más trabas para acceder a los alimentos (mayores costos para comprarlos y mayor desigualdad), porque son solo unos pocos los que pueden hacerlo en línea o comprar en MLC (moneda libremente convertible). Una canasta básica cada vez más reducida y con menos variedad».

Un estudio reciente de Food Monitor Program constató que en el último año y medio los comedores escolares de la enseñanza primaria no garantizaron la proteína de manera sistemática. 

Además, se suma la crisis de los medicamentos, reconocida incluso por funcionarios cubanos: «No logramos tener los recursos para producir toda la gama de medicamentos con el fin de garantizar el cuadro básico», declaró en la Mesa Redonda Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma, la empresa que fabrica 757 fármacos destinados al sistema de salud pública. El directivo también admitió «que los niveles de falta son superiores a los de 2021».

«Si uno pudiera tener una medición de cuánto han aumentado las denuncias y las solicitudes de ayuda por redes sociales, de medicamentos, de operaciones, de necesidades varias que el sistema de salud cubano ya no cubre, el número sería altísimo. Y esto para no hablar de la mercantilización de ese sistema de salud, que obviamente pueden pagar solo algunos», afirma Acosta.

La isla arrastra una crisis multidimensional, y lo que más preocupa a Acosta es «la desidia gubernamental al no plantear políticas públicas ni acciones encaminadas hacia las poblaciones más vulnerables». 

Envejecimiento en Cuba: políticas públicas y otras deficiencias

La población cubana, en descenso, vive una de las peores crisis demográficas de su historia. Cuenta cada vez menos nacimientos y altos niveles de migración.

Propuestas ante la crisis

Desde su experiencia práctica y académica, Elaine Acosta apunta las acciones que considera más urgentes. La socióloga insiste en la necesidad del debate ciudadano para proponer soluciones y presionar al Gobierno a actuar frente la crisis estructural en la que se encuentra Cuba.

Reforma de la política social en Cuba

«Necesitamos una reforma del Estado y de la política social en Cuba, una reorientación en el camino, inversa a como se ha venido haciendo», apunta Acosta. Para ella, el primer paso de la reforma es que todos los actores interesados puedan proponer y diseñar un nuevo sistema de protección social. Es decir, una democratización del proceso de diseño, fiscalización e implementación de las políticas públicas.

En este sentido, resulta válido demandar que la sociedad civil independiente, la comunidad autoorganizada, pueda participar cada vez más en los servicios de atención social en Cuba. 

Como también pueden hacerlo las formas no estatales de gestión económica. «No solo pensar en las mipymes como actores que pueden proveer un determinado tipo de servicio, más productivos, sino también servicios sociales o de otra naturaleza. Al mismo tiempo, fortalecer y proteger legalmente el trabajo de las organizaciones independientes». 

También se debe facilitar, considera la académica, que la comunidad y la familia en el exterior apoyen las labores de cuidado sin los costos que tienen hoy, por ejemplo. 

Cambios normativos que se enfoquen en los derechos de las personas

Como ejemplo positivo menciona el nuevo Código de las Familias, aprobado en septiembre de 2022. Sin embargo, apunta que en la práctica resulta insuficiente. «Muchas veces es letra muerta. En Cuido60 hemos conocido de situaciones de maltrato, de violencia hacia las personas mayores en términos económicos, y no podemos actuar porque no están las condiciones para operativizar ese Código». 

La investigadora advierte que se necesitan los reglamentos para poner en práctica la ley, y claridad sobre qué instituciones se encargarán de su implementación.

Establecer un Plan Nacional de Emergencia para la superación de la pobreza

Cuba necesita una estrategia de recuperación social que atienda la actual crisis humanitaria en el país. «Hay que hacer como se hizo en Chile, como se ha hecho en otros lugares, un plan nacional de superación de la pobreza. En este punto estamos en Cuba», afirma la investigadora.

La política habilitada por la nación chilena en 2018, y con proyección hasta 2022, tenía como meta «duplicar la tasa de crecimiento, la capacidad de crear nuevos empleos, elevar la productividad, aumentar los salarios, y reducir la pobreza por ingresos en un tercio en 4 años y a la mitad en 8 años».

Para ayudar a la sociedad cubana, Acosta propone trazar planes similares y usar los mecanismos internacionales disponibles: «llamar a la comunidad transnacional cubana, a organismos humanitarios, a fundaciones que por lo menos traten de aliviar esta crisis. En paralelo, liberar las fuerzas productivas y facilitar que la agricultura pueda producir los alimentos». 

Divulgar los datos relacionados con la crisis y su afectación a las poblaciones más vulnerables

La recogida y divulgación de los datos es una herramienta fundamental a la hora de trazar estrategias a gran escala. 

«Hoy se desconoce cuántas personas están en situación de precariedad. No podemos seguir en Cuba sin datos de pobreza ni de desigualdad social. Hace falta conocer porcentajes, en qué poblaciones se concentran, en cuáles provincias, para poder intervenir, tener un plan», reclama la socióloga. 

Invertir en recursos humanos

Para afrontar la crisis, Acosta señala que también es primordial la inversión en recursos humanos. «Me refiero a trabajadores sociales, que es algo que se ha postergado. Es una fuerza de trabajo que se requiere urgentemente y recién se ha comenzado con la formación y el entrenamiento».

Un paso en ese sentido será el inicio en 2024 de una carrera universitaria especializada en trabajo social, según informó María Teresa Caballero Rivacoba, investigadora del Centro de Estudios Laborales y de Seguridad Social (Celass), durante el balance del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.