Aunque el Estado cubano y su aparato propagandístico insisten en deslegitimar a los ciudadanos —de los más disímiles gremios y posturas— que, dentro o fuera del territorio nacional, se han posicionado en contra del manejo de los acontecimientos en San Isidro y del quiebre del diálogo con los miembros del 27N, la negativa a congeniar con su política parece no dejar de crecer.

La estrategia institucional cubana de convertir y hacer creer que un número cada vez mayor de individuos son mercenarios, equivocados, desafectos que intentan «secuestrar la Patria y arruinar nuestra soberanía» (según un texto publicado en el periódico Granma) no solo es falso, sino que es un desacierto.

Varias declaraciones, cartas abiertas y articulaciones han visto la luz, de manera creciente, tras el 26 de noviembre de 2020, día en que ocurrió el desmantelamiento de los acuartelados en San Isidro.

En especial dos documentos, Articulación plebeya y Carta abierta de la comunidad académica por el diálogo en Cuba, han logrado un quórum de más de 700 firmantes hasta la fecha, un número, aún creciente.

Articulación plebeya a propósito de los sucesos en el Ministerio de Cultura

Ambos documentos apuestan por un diálogo —dentro del marco de la actual Constitución— que se manifieste a través de vías pacíficas.

Desde la Articulación plebeya se defiende asumir una posición ética ante los mencionados sucesos y se rechaza «toda acción estatal violenta», represiva. Se comprometen los firmantes «con el bien de Cuba y la conservación de la soberanía nacional, la independencia y la integridad de la patria» como principio general; también con la justicia social, la inclusión, la democracia y la legalidad.

La Articulación cree en la necesidad de «fomentar una cultura cívica de respeto por los derechos humanos y de relación fraterna, que supere el lenguaje político polarizante, como condición para la superación de todas las formas de violencia y desigualdad». Apuestan por la «realización plena de la República democrática [y] (…) el Estado de derecho (…), por el respeto al pluralismo político». Hacen un llamamiento al Gobierno cubano para que cumpla su cronograma legislativo y realice una revisión de aquellas normas que contradicen la carta magna vigente.

Los firmantes de la Articulación plebeya, en su mayoría, se consideran socialistas democráticos o republicanos, aunque existe heterogeneidad de posturas y saberes. Entre los más de quinientos firmantes se encuentra Julio César Guanche —Dr. en Historia por FLACSO/Ecuador—, Julio Antonio Fernández Estada — Dr. Ciencias Jurídicas, separado por razones políticas de su puesto como profesor universitario—, la Dra. en Ciencias Filosóficas Alina B. López Hernández; los escritores cubanos Nara Mansur, Ahmel Echevarría y Atilio Caballero. El Dr. Carlos Rodríguez Arechavaleta —profesor-investigador en la Universidad Iberoamericana, México— y el historiador y ensayista Rafael Rojas Gutiérrez. Los cineastas Claudia Calviño, Carlos Lechuga, Carlos Quintela; los cantautores cubanos Inti Santana y Raúl Marchena. El gran maestro internacional Lázaro Bruzón.

La Carta abierta de la comunidad académica por el diálogo en Cuba cerró la recolección de firmas este miércoles 9 de diciembre a las ocho de la mañana, y contabilizó un total de 209 signatarios que son estudiosos de la sociedad y la cultura cubana —y que residen en países como Venezuela, Chile, Cuba, Brasil, Estados Unidos, México, Argentina—. Dicha carta, por su parte, apoya las demandas que apuestan por «cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas». Denuncian la «vigilancia, el acoso policial, los interrogatorios y arrestos arbitrarios constantes» a que han sido sometidos los protagonistas del Movimiento San Isidro y del 27N.

Los académicos que suscriben rechazan las posturas antidemocráticas del Gobierno cubano y hacen un llamado a un diálogo nacional para garantizar el cese de la discriminación de actores y de las represalias para quienes participan. Solicitan a las instituciones la realización de «acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a la actual crisis política que atraviesa el país». Su aspiración es a una «Cuba abierta, diversa y plural. Una Cuba para y con todos».

Son varios los firmantes que coinciden en ambos documentos. Entre los académicos signatarios de la Carta abierta se hallan el catedrático Abel Sierra Madero, Arturo Matute Castro —profesor asistente en Kennesaw State University—, el economista y profesor emérito Carmelo Mesa-Lago, el historiador de arte, crítico y curador Gerardo Mosquera y la Dra. Idalia Morejón Arnaiz —profesora en la Universidad de São Paulo, acosada en Cuba durante los años 90—. También firman: Jacqueline Loss, profesora de Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos en la Universidad de Connecticut, la escritora y curadora cubano-americana Coco Fusco, los escritores cubanos Jorge Luis Arcos y Enrique del Risco; la Dra. Mabel Cuesta, profesora asociada de la Universidad de Houston.

La Articulación Plebeya y la Carta abierta a la comunidad académica, en su condición de expresiones públicas, han sumado matices a un momento de pugnas de discursos y lucha por el control del relato simbólico del 27N. Especialmente relevante en estos días ha sido otra declaración, publicada en la mañana del 8 de diciembre, a través de los perfiles personales en Facebook del presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la Isla de la Juventud, Rafael J. Carballosa Batista y Randy González Enamorado.

Las presidencias de la UNEAC y la AHS en la segunda mayor isla del archipiélago emitieron una comunicación que define la postura de los miembros de estas organizaciones con respecto a los actuales sucesos en Cuba. En ella manifiestan su oposición «a cualquier injerencia de [un] Gobierno extranjero que vulnere la soberanía de nuestra nación» y también a «la violencia como alternativa para dirimir cualquier diferendo entre cubanos». El texto defiende el camino hacia «un clima de diálogo y respeto mutuo» en el cual no podrán persistir, especifican, «posiciones de antonimias excluyentes».

Hasta el momento es la primera acción, desde una institución estatal, que se distancia de la posición asumida por el Gobierno —incluido el rechazo a la campaña de descalificaciones en los medios nacionales— sobre el manejo de los acontecimientos. Carballosa Batista afirmó, según una nota publicada en Diario de Cuba, que el texto fue leído, el día 7, en un acto público que organizó la Dirección Municipal de Cultura en la Isla de la Juventud.

La Declaración alerta sobre las «consecuencias imprevisibles» que pueden resultar de las posiciones extremistas, en uno y otro sentido, que se identifican ahora mismo en el país. Defiende también los reclamos que los jóvenes artistas realizaron al sistema institucional cubano el pasado 27 de noviembre, a los que consideran «legítimos y urgentes». Asimismo, cuestiona que aún a los participantes del 27N no se les ha dado la oportunidad (en los medios oficiales) de ofrecer sus testimonios y pareceres sobre la concentración y posterior reunión en el Mincult.

Aunque la Declaración de la AHS y la UNEAC, filial Isla de la Juventud, solo apareció firmada por sus respectivos presidentes, varios de los miembros de ambas organizaciones mostraron su participación, adhesión y apoyo a través de comentarios en el mismo canal en el cual se difundió.

 

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