Faltando 30 minutos para las 12 de la noche del 29 de septiembre de 2022, Yaima Villavicencio Hernández y su hermana Dayamí decidieron unirse al grupo de manifestantes que se concentraban en la esquina de la calle Estrada Palma y Rodolfo Balderas, en Santa Clara. Hacía tres días que el huracán Ian —de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson— había tocado suelo cubano. La misma cantidad de días que la familia llevaba sin electricidad. La prolongada ausencia del suministro de energía —y las promesas incumplidas del Gobierno sobre una pronta recuperación— ponía en peligro la durabilidad de los alimentos. Yaima y Dayamí no podían esperar más.

«La comida se nos echó a perder y no teníamos nada para darle [a los niños]», cuenta Yaima, de 39 años, quien desde hace casi una década integra el Foro Antitotalitario Unido (FANTU).

 Poco después de salir a la calle, las hermanas fueron interceptadas por miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y agentes de la Seguridad del Estado (SE). Al ver lo que sucedía, Cristofer —hijo de Yaima de 12 años—corrió hacia el lado de su madre. Los tres fueron arrestados y trasladados hacia una celda de la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO), donde permanecieron durante casi 25 horas.

Mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades, Yaima fue amenazada por quien dijo ser el jefe de Instrucción a nivel provincial. Las acusaban de desorden público y de manifestarse junto a un menor de edad.

 «Las instructoras me decían, frente a mi hijo, que me lo iban a quitar. [Cristofer] estuvo todo el tiempo llorando y muy asustado (…). Mi hijo estuvo todo ese tiempo sin comer y cada vez que nos sacaban a los cuartos de interrogatorio veía las celdas y sentía mucho miedo», relató a elTOQUE.

 «Mi niño tiene un trauma muy grande desde que su papá se fue. Mi esposo tuvo que irse de este país porque lo perseguían y acosaban», comenta Yaima, quien ha sido arrestada y hostigada en varias ocasiones por la policía política. «El régimen nos separó».

La historia de Yaima no es única y la violencia política ejercida contra ella y su descendencia no es un caso aislado. Durante los días que siguieron al ciclón, fueron varias las mujeres que tomaron las calles con sus hijos a cuestas, que sonaron cazuelas y pintaron carteles exigiendo al Gobierno los servicios más básicos. Mujeres que, a pesar de recibir una respuesta represiva casi inmediata, no pudieron ser silenciadas; y muchas de las cuales aún están en prisión. 

Las mujeres cubanas son parte importante, y cada vez más visible, del activismo político contra el Gobierno, en pos de los derechos humanos y para concebir una sociedad civil verdaderamente autónoma. Por ello, han sido reprimidas de forma diferenciada, como señalan testimonios e investigaciones de organizaciones independientes.

¿A qué llamamos violencia política contra las mujeres?

Un estudio de la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI), titulado «Toda violencia es Política: Guía sobre la violencia política contra las mujeres en Cuba», define la violencia contra las mujeres en política como: «aquella que, fundada en razones de género, y mediando hostigamiento, descrédito, persecución, y amenazas, impide, castiga o limita el desarrollo de la vida política de las mujeres y obstaculiza su derecho a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad con los hombres».

La violencia política no solo constituye uno de los principales obstáculos para la permanencia de mujeres en espacios de liderazgo, sino que es considerada una grave violación de los derechos humanos. Limitar la libre participación de los cuerpos feminizados en la vida política impide el desarrollo sustentable e igualitario de las sociedades. 

Atención a la violencia de género. ¿Cómo llega Cuba a 2023?

Mientras el Gobierno se enfocó durante 2022 en reformas legislativas como vía para abordar el problema de la violencia machista, la sociedad civil independiente posiciona el acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las sobrevivientes como una prioridad a atender.

Esta forma de violencia puede ser ejercida —individual o colectivamente— por miembros de partidos políticos, dirigentes, servidores públicos, autoridades gubernamentales o estatales y medios de comunicación. El rol de ejecutor, en el escenario nacional, casi siempre es tomado por la SE o la PNR. La propia Federación de Mujeres Cubanas —única organización de su tipo reconocida por el Gobierno— ha optado por desalentar el feminismo como salida política-social contra el patriarcado, y de cierta forma ha legitimado su criminalización.

 «Nunca hemos tenido un movimiento feminista (…). ¡Nosotros vemos estos movimientos en los Estados Unidos como una lucha concebida por la igualdad de las mujeres en contra de los hombres! ¡Esto es absurdo! ¡No tiene ningún sentido! ¡Que estas feministas digan que son revolucionarias es ridículo!», expresaba en 1977 Vilma Espín, quien fuera presidenta vitalicia de la federación hasta su muerte en 2007. 

Aunque en los últimos años es creciente el número de personas que se declaran feministas y afiliadas al Gobierno, el hostigamiento contra asociaciones y activistas autónomas, por parte de figuras y estructuras oficiales, no se ha detenido. 

A mediados de agosto de 2020, el diario Granma publicaba el texto «Revictimizada mil veces» de la autoría de Javier Gómez Sánchez. En el artículo, el periodista —con tono conservador— no solo ponía en tela de juicio las iniciativas desplegadas por la sociedad civil independiente contra la violencia de género, calificándolas de «snobistas», «oportunistas» y al servicio de enemigos externos, sino que relativizaba las cifras de feminicidios y agresiones contra niñas y mujeres en la isla. Una vez más, se hacía uso de una plataforma mediática nacional —en este caso, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC)— para ejercer violencia contra aquellas mujeres no aliadas a las tendencias oficialistas. 

Recientemente, una solicitud de la organización sin fines de lucro Red Femenina de Cuba para marchar el 8 de marzo —como se hace en gran parte del mundo— fue rechazada por las autoridades. Como en 2019 también fue obviada la solicitud ciudadana por una ley integral contra la violencia de género, y como han sido rechazadas otras tantas peticiones del activismo feminista independiente; porque en Cuba, la participación política de las mujeres está limitada al estrecho marco de las instituciones y de la agenda estatal. 

En el caso de la isla, la violencia política contra las mujeres puede considerarse parte de un contexto represivo mayor que alcanza a toda la ciudadanía que disiente. Sin embargo, es posible identificar los sesgos de género en las distintas formas en las que se proyecta esa represión.

Las formas de violencia política hacia las mujeres

La violencia política tiene diversas manifestaciones: desde la violencia psicológica, que incluye acciones dirigidas a dañar la estabilidad emocional y a causar miedo; pasando por el ciberacoso, que comprende toda persecución, amenaza y hostigamiento en redes sociales; hasta campañas de difamación y desprestigio. Esto, en la mayoría de las ocasiones, viene acompañado del acecho y la persecución en espacios físicos.

En diciembre de 2018, durante un interrogatorio conducido por la SE contra la periodista independiente Luz Escobar, los agentes involucrados amenazaron a la reportera con la integridad de sus dos hijas menores de edad. Según reportes de la revista independiente El Estornudo, a Luz le dieron a entender que la vigilaban bien de cerca. Conocían su rutina y la de sus pequeñas, Isabel y Paula.

 «Oye, Luz Escobar, nosotros sabemos dónde juegan tus hijas», le dijo el agente. «Piensa en tus hijas, porque si tú sigues haciendo tu trabajo ellas van a crecer lejos de ti, porque vas a pasar un buen tiempo en la cárcel».

«Ellos me amenazan con que no puedo salir y yo no salgo», aseguró Luz en una entrevista concedida a El Estornudo. «Nunca voy a poner en riesgo a mis hijas».

Dos años después, tras de los sucesos del 27 de noviembre de 2020, durante un período de casi una semana, oficiales de la SE no le permitieron a Luz salir de su casa bajo la amenaza de arresto. El cerco montado alrededor de su edificio le impidió celebrar el cumpleaños número 11 de su hija Paula. «Sin palabras. El Amor es más fuerte», escribió en aquel entonces la reportera en su muro de Facebook.

Luz —como otras activistas independientes— ha sido víctima de múltiples ataques misóginos en redes por parte de usuarios con cuentas vinculadas al Gobierno, las llamadas «ciberclarias» o soldados digitales. Muchos de estos ataques suelen dirigirse al aspecto físico o la vida sexual de la mujer atacada. 

Estas no son las únicas manifestaciones de violencia política. También pueden darse casos de violencia económica y patrimonial —cuando se restringe el acceso a recursos económicos a los que las mujeres tienen derecho por ley— y violencia sexual. Esta última se origina a través de formas de chantaje con la divulgación de imágenes y videos íntimos (sextorsión), o a través de comportamientos sexuales no deseados o humillantes como métodos de castigo.

En octubre de 2016, la periodista Mónica Baró Sánchez fue interceptada por agentes de la SE cuando intentaba reportar los estragos del huracán Matthew por el oriente de Cuba para la revista independiente Periodismo de Barrio. En la sede municipal del PCC del municipio Maisí, provincia Guantánamo —sin ninguna acusación formal—, a la reportera se le ordenó despojarse de sus ropas. «Agáchate, puja y tose», le indicó una oficial. Mónica había sido detenida junto a un grupo de colegas entre los que se encontraban cinco hombres; sin embargo, a ninguno de ellos se le aplicó la revisión corporal.

«Tardé un año en volver a reportar y en superar el miedo a los uniformes de militares y policías, a las patrullas y a las sirenas de las patrullas. Lo hice, porque no hay miedo que me impida cumplir con mi trabajo en los términos en que lo concibo, pero no fue nada fácil», escribió en El Estornudo.

 Entre enero y noviembre de 2021, la organización Artículo 19-MX registró un total de 217 agresiones contra mujeres periodistas independientes en la isla. Muchas fueron sometidas a arresto domiciliario y detenciones arbitrarias —como el caso de Luz Escobar— y otras —como Mónica Baró— fueron obligadas a desnudarse ante oficiales como parte de protocolos de interrogatorios policiales.

«Cuando me detuvieron, los policías me dijeron: “quítate la ropa”, para hacerme una requisa. Eran cuatro hombres. Tuve que negarme y exigir que buscaran funcionarias mujeres. Posteriormente, me metieron al calabozo junto a cinco hombres», declaró de forma anónima una de las entrevistadas del estudio llevado a cabo por la ACI. 

Estas formas de intimidación también se producen dentro de las cárceles cubanas. En un informe publicado a inicios de 2023, la organización Prisoners Defenders contabilizaba 125 casos verificados de presas políticas —cis y trans—, pero reconocen que el número podría ser mayor. La mayoría carece de las condiciones más elementales en los centros penitenciarios, con frecuentes reportes de castigos como la cancelación de llamadas telefónicas y visitas familiares, el desconocimiento de la identidad de género, entre otros. 

Sulmira Martínez Pérez: la propaganda que el Gobierno castiga

A Sulmira Martínez Pérez la acusan por sus publicaciones en redes sociales por la posible comisión de un delito de propaganda contra el orden constitucional.

Uno de los casos más conocidos y divulgados ha sido el de Brenda Díaz García, mujer trans de 29 años de edad, quien fuera detenida y encarcelada tras las movilizaciones masivas del 11 y 12 de julio de 2021. En su tiempo en la cárcel, Brenda —quien cumple condena en la cárcel de Güines Cuba-Panamá— ha sido maltratada y discriminada por su identidad de género y se le ha negado asistencia médica, pues padece varias enfermedades, como mecanismo de subordinación. 

También está la denuncia de Rosa Jany Millo, manifestante del 11J, detenida en la Correccional para Mujeres «El Guatao», en La Habana, a quien una funcionaria del penitenciario le prohibió que sentara a su hija pequeña sobre su regazo.

Rosa Jany es una de las 11 presas políticas (Yessica Cohimbra, Odet Hernández, Lizandra Góngora, Mariurka Díaz, Mailene Noguera, Yunaikis Linares, Gloria M. López, Mackyani Román y las hermanas Angélica y María Cristina Garrido) que, a inicios de marzo de 2023, firmaron con sangre —de forma clandestina– una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel. En la misiva, las detenidas exigieron su liberación, así como la del resto de presos políticos en la isla. 

«Exigimos al régimen de La Habana que respete y cumpla lo dispuesto por el máximo pontífice de la Iglesia católica, el papa Francisco, quien, a través de su emisario, envió su deseo y ordenanza para nuestra liberación», cita el texto compartido en redes sociales por Mónica Baró. «La sangre simboliza nuestro sacrificio y entrega a la causa cubana y la firmeza de nuestros ideales. ¡Libertad para los presos políticos!».

La carta hace referencia a la reciente visita a la isla del cardenal Beniamino Stella, enviado del papa Francisco, quien aseguró que el sumo pontífice desea la excarcelación de los detenidos del 11J. 

El peso de la violencia de Estado

La violencia política no solo viola los derechos civiles y políticos de las mujeres, sino que impide que los procesos democráticos en general sean verdaderamente representativos. De ahí la urgencia global de desarrollar mecanismos y estrategias para exponer y enfrentar este tipo de violencia.

En América Latina son varias las instituciones que han tomado cartas en el asunto. En 2015 las Autoridades Nacionales Competentes del Mecanismo de Seguimiento al Convenio de Belém do Pará (MESECVI) aprobaron la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político hacia las Mujeres, esta promueve «la adopción, en su caso, de reglamentos, programas y medidas para la prevención, atención, protección, erradicación de la violencia política o acoso contra la mujer, que permitan sancionar y reparar adecuadamente estos actos en los ámbitos administrativo, criminales y electorales, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales aplicables».

Otros países de la región, como Bolivia, presentan leyes específicas orientadas a frenar la violencia política contra las mujeres con sanciones de entre dos y cinco años de prisión por acoso político.

Cuba, sin embargo, está muy lejos de contar al menos con un reconocimiento jurídico de esta figura. No solo la violencia política no está tipificada en el nuevo Código Penal (vigente desde diciembre de 2022), sino que tampoco está contemplado en políticas públicas como la «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar».

Ley contra la violencia de género en Cuba, la solicitud que no ha sido escuchada

La petición de una Ley Integral contra la violencia de género se ha mantenido en la agenda pública en los últimos cuatro años. Sin embargo, la respuesta del Gobierno cubano, hasta el momento, no da certezas de que esta se apruebe en el futuro inmediato.

La violencia política es una realidad cada vez más visible en Cuba. Así lo confirma la «Guía sobre la violencia política contra las mujeres en Cuba». Para redactarla, la ACI encuestó a 100 mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones políticas, grupos por la defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil. De esta muestra, un 96.8 % afirmó estar expuesta a la violencia política solo por el hecho de ser mujer. La violencia psicológica (93.8 %), la física (43.8 %) y la patrimonial (25 %) fueron las más recurrentes.

Esto no ha frenado el esfuerzo de las mujeres por formar parte de la vida pública y política del país. Las cubanas —en su amplia diversidad— continúan llevando a la esfera pública sus demandas en materia de derechos civiles y políticos, a pesar de cargar con el peso de la violencia gubernamental.

Yaima y Cristofer fueron liberados en las primeras horas del 2 de octubre de 2022. Si bien no se presentaron cargos en su contra, continuó el acoso contra ella y su hijo. Tres días después de la detención, la directora de la escuela del adolescente, junto con una maestra, señalaron al menor frente al resto de sus compañeros. 

«Les dijeron a los niños que tenían que tener cuidado con las personas con que se reunían porque el país estaba pasando por una situación muy mala», comenta Yaima. «Mi niño enseguida se dio cuenta de que estaban hablando de él y me lo comunicó. Así trabaja este régimen. No les importan los niños ni nadie».