*Este texto fue publicado originalmente el 25 de julio de 2025 y actualizado el 29 de julio.

Yenisey Taboada Ortiz no ha podido abrazar ni hablar con su hijo desde que este comenzó una huelga de hambre el 18 de julio de 2025 en el Combinado del Este, en La Habana. El 24 de julio, tras días de incertidumbre, la madre se declaró en protesta en las afueras del penal para exigir información y acceso a Duannis León Taboada, preso político condenado a 14 años de cárcel. 

De acuerdo con una publicación de la activista Anamely Ramos, ese día Taboada Ortiz fue atendida por el director del penal y una doctora, quienes, tras varias horas de espera, le informaron que Duannis presentaba baja presión arterial y labios cuarteados, aunque aseguraron que su estado general era «bueno». Además, le prometieron que al día siguiente, el viernes 25 de julio, podría verlo, lo que llevó a la madre a abandonar momentáneamente su protesta con la esperanza de reencontrarse con su hijo.

El encuentro nunca ocurrió. Mientras permanecía en las afueras del Combinado del Este, fue abordada por agentes del régimen cubano que la condujeron en una patrulla policial bajo el pretexto de trasladarla al área donde se encontraba su hijo. «Me engañaron para que me montara en la patrulla. Una vez dentro, el de la Seguridad del Estado le indicó al chofer que fuera para la estación policial de Guanabacoa, muy lejos de la prisión. Ya no podía hacer nada. Fue una especie de secuestro», declaró Taboada Ortiz a Cubanet.

En la estación policial, fue interrogada durante horas. «Me decían que había un protocolo para este tipo de situaciones; es decir, para cuando un preso está en huelga de hambre. Yo les dije que a mí no me interesaba ese protocolo, sino salvarle la vida a mi hijo. Ahí me dijeron hasta “mala madre”, y que ya no me considerarían madre de un prisionero, sino contrarrevolucionaria», relató. Tras varias horas bajo custodia, fue amenazada con ser acusada de «instigación a delinquir».

El cuerpo en la protesta. Huelgas de hambre en Cuba

En Cuba, la oposición política no tiene permitido expresarse, articularse y mucho menos acceder al poder, por lo que la huelga de hambre queda como uno de los escasos recursos para visibilizar las violaciones de derechos humanos y sensibilizar a la comunidad internacional con la lucha de activistas contra la represión y la falta de libertades.

Ese mismo día, ya de regreso en su casa, Yenisey recibió una llamada de un preso que le informó que Duannis había sido finalmente trasladado a un hospital. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha recibido confirmación oficial ni detalles sobre su ubicación ni su estado actual.

Duannis León, de 27 años, fue condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, el proceso judicial estuvo marcado por múltiples irregularidades y se llevó a cabo sin las garantías legales básicas. Desde su ingreso al penal, León Taboada ha denunciado malos tratos, golpizas y hostigamiento por razones políticas. En 2024, fue brutalmente agredido por gritar «patria y vida» dentro de la prisión, hecho que provocó una crisis de salud en su madre.

Yenisey relató que su hijo pasó los tres primeros días de la huelga sin ingerir ni agua ni alimentos, y que solo a partir del cuarto día comenzó a hidratarse mínimamente. La familia no supo de la huelga de Duannis hasta el lunes 21 de julio, cuando ya habían transcurrido tres días desde su comienzo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó que León Taboada padece una afección renal congénita, por lo que su estado representa un grave riesgo vital. 

«Él siempre ha estado conectado con el dolor de este pueblo. Me decía que “el silencio es el mayor grito de Cuba”. Yo sé que su huelga es por todos los presos políticos, por todas las madres como yo», expresó su madre.

De las 553 excarcelaciones prometidas, la sociedad civil registra 210 de presos políticos

Todo indica que después del 20 de enero, fecha que coincidente con la toma de posesión en Estados Unidos de Donald Trump, el proceso se detuvo; aunque las autoridades no lo han reconocido.

Las palabras de Yenisey Taboada resuenan en un contexto carcelario en el que otros presos políticos también enfrentan situaciones límites. Es el caso de Donaida Pérez Paseiro, prisionera política recluida en el penal de mujeres de Guamajal, en Villa Clara, quien sufre una anemia severa que le provoca desmayos frecuentes. Aunque el personal médico del penal reconoce la gravedad de su estado, su traslado a un hospital depende del visto bueno de la Seguridad del Estado, lo que prolonga la desatención. Pérez Paseiro había sido excarcelada de forma provisional en enero, y su regreso a prisión ha sido denunciado por ser una represalia directa por su activismo.

Otro caso es el del opositor Félix Navarro, también detenido por su participación en el 11J. De acuerdo con la organización Cubalex, a inicios de julio de 2025, la esposa de Navarro informó que sería trasladado a La Habana para un examen médico, aunque no se ha ofrecido diagnóstico ni explicación sobre su estado de salud. En tanto, el líder opositor José Daniel Ferrer y el rapero contestatario Maykel «Osorbo» Castillo, coautor del tema «Patria y Vida» también han iniciado huelgas de hambre las últimas semanas.

Organismos como el OCDH, Justicia 11J y Cubalex han denunciado la situación en los penales cubanos. Exdetenidos han reportado golpizas, aislamiento prolongado, hacinamiento, comida en mal estado —incluso con gusanos— y acceso limitado al agua potable. Brotes de enfermedades como tuberculosis, dengue o sarna son comunes, y en muchos casos, ignorados por las autoridades penitenciarias.

Entre enero y junio de 2025, al menos 24 personas fallecieron bajo custodia estatal en Cuba, según un informe de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia. Ocho de esas muertes fueron consecuencia directa de la negación deliberada de atención médica. El informe también documenta 160 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes en 43 centros penitenciarios del país, entre ellos el Combinado del Este, la prisión de Boniato y Kilo 8. De las personas afectadas por estas violaciones, 56 son presos políticos.

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