El más reciente informe anual del Observatorio Legislativo de Cuba (OLC) expone, de manera exhaustiva, el funcionamiento legislativo e institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado de Cuba. Su contenido ratifica una realidad denunciada muchas veces: la ANPP no es un Parlamento en el sentido democrático del término, sino una institución cuyo funcionamiento se centra en legitimar, desde las perspectivas política y jurídica, los intereses de la élite gobernante. En lugar de legislar en beneficio de la ciudadanía, su actividad se centra en la aprobación de disposiciones normativas que perpetúan el control del Partido Comunista de Cuba (PCC) sobre la sociedad.
Durante 2024, la ANPP y el Consejo de Estado aprobaron diversas leyes y decretos leyes, respectivamente, que no expandieron la protección de los derechos humanos. Al contrario, reforzaron la capacidad del Estado para reprimir y controlar. Un ejemplo es la Ley de Ciudadanía, que establece mecanismos discrecionales para la privación de la nacionalidad cubana a quienes se consideren opositores, incluso si ello conlleva a la apatridia. Asimismo, las nuevas regulaciones sobre el sector privado, si bien se declaró que pretenden «ordenar» la economía, en la práctica imponen nuevas restricciones que limitan el desarrollo autónomo de los ciudadanos y refuerzan el control estatal sobre la actividad económica privada.
Otra evidencia relevante sobre cómo las leyes que aprueba la ANPP no responden a los mejores estándares y prácticas internacionales en materia de protección de los derechos humanos lo constituye la Ley del Ejercicio de la Abogacía, aprobada en diciembre de 2024. La legislación impide la existencia de bufetes independientes del control estatal, lo cual asegura que la defensa legal de los ciudadanos siga monopolizada por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), una institución controlada por el Estado. Este contexto, en lugar de garantizar el derecho de acceso a la justicia, refuerza la indefensión de los ciudadanos ante un sistema judicial parcializado en favor del Estado, lo cual se reconoce en varios pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales.
Asimismo, el informe del OLC confirma que el órgano legislativo cubano no representa la diversidad de intereses de la sociedad cubana. Su composición se mantiene dominada por los miembros del PCC, en particular por integrantes de sus estructuras directivas (Buró Político, Comité Central y secretariado), lo cual asegura que ninguna postura crítica tenga espacio en el debate legislativo. La falta de competencia electoral interpartidista y la opacidad en los procesos electorales hacen que la ANPP sea, en esencia, una extensión del poder ejecutivo. Sus sesiones se mantienen caracterizadas por la aprobación unánime de las leyes y las directrices del PCC, sin debate real ni posibilidad de rechazo.
Por otra parte, la principal actividad institucional de la ANPP fue la diplomacia parlamentaria. Uno de sus rasgos característicos fue la realización de encuentros con legisladores de países aliados como China, Nicaragua, Rusia, Venezuela y Vietnam, así como con representantes de Parlamentos africanos y de otros países latinoamericanos. También se celebraron reuniones de trabajo y se fortalecieron las relaciones interparlamentarias con representantes de los órganos legislativos de Estados democráticos como Alemania y Suiza. Sin embargo, estos esfuerzos no buscan generar cambios positivos para la población cubana, sino obtener apoyo político y económico para las autoridades.
Destacó, además, la visita de altos funcionarios cubanos a Rusia para afianzar acuerdos comerciales y políticos que refuercen la dependencia de Cuba con Moscú. Del mismo modo, el acercamiento con China ha sido una prioridad en la estrategia diplomática de la ANPP, aunque la cancelación de acuerdos comerciales por esa nación asiática demuestra lo complejo de las relaciones bilaterales. También las autoridades e integrantes de la ANPP continuaron con su ofensiva para obtener resoluciones de Parlamentos extranjeros y foros interparlamentarios que condenen las sanciones estadounidenses y exijan la retirada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Estos dos aspectos que se vislumbran serán fundamentales para la diplomacia parlamentaria durante 2025. No obstante, no existe evidencia que sugiera que tales gestiones impliquen una mejora tangible para la vida de los ciudadanos.
Mientras la ANPP se enfoca en aprobar leyes represivas y fortalecer sus lazos con regímenes aliados, su desempeño en la resolución de los problemas internos de Cuba es prácticamente nulo. La profunda crisis económica y social del país empeoró en 2024, con un acceso cada vez más precario a alimentos, medicamentos y energía, entre otros bienes y servicios básicos. El informe del OLC detalla cómo los diputados realizaron visitas a diversas provincias para «supervisar» la situación, pero estas giras carecen de impacto real y solo sirven de ejercicios de propaganda. Además, la implementación de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado que ejerce la ANPP no ha demostrado su operatividad para solucionar los problemas ciudadanos.
La incapacidad del Gobierno cubano para garantizar el abastecimiento de productos básicos ha provocado un aumento en la pobreza y la desigualdad. Mientras la ANPP discutió y aprobó planes irreales de crecimiento económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé una contracción del producto interno bruto (PIB) cubano en 2025. A pesar de estas alarmantes cifras, el órgano legislativo cubano no adoptó medidas efectivas para enfrentar la crisis, limitándose a sancionar leyes que incrementan la carga fiscal sobre los ciudadanos y restringen las actividades económicas independientes.
El proceso de descentralización administrativa que promovió el Gobierno de Cuba y fue respaldado por la ANPP demostró su fracaso en 2024. A pesar de los discursos sobre una mayor autonomía local, las estructuras municipales continúan atadas a las directrices del poder central, sin capacidad real para tomar decisiones que beneficien a las comunidades. Por esa razón, el informe del OLC documenta cómo las elecciones de gobernadores provinciales en 2024 fueron meros ejercicios de ratificación y sin la posibilidad de que los electores tomen parte en ellos con efectividad.
De tal forma, el documento publicado por el OLC expone con claridad que el órgano legislativo cubano y su Consejo de Estado solo forman parte una estructura institucional diseñada para legitimar las decisiones de la élite política. Las leyes y decretos leyes que adoptan la ANPP y el Consejo de Estado no responden a las necesidades de los ciudadanos, sino a los intereses de la cúpula dirigente del PCC. Igual ocurre con la diplomacia parlamentaria, la cual no tiene otro objetivo que garantizar el respaldo de aliados internacionales para mantener el statu quo mientras que la acción de los diputados dentro de Cuba es ineficaz para enfrentar la crisis que afecta a millones de personas.
La falta de pluralismo, la ausencia de mecanismos democráticos y el control absoluto del PCC sobre la ANPP, la convierten en una institución sin capacidad real para generar cambios positivos. La metáfora que mejor describe el funcionamiento del órgano legislativo cubano en su relación con el Partido único es que opera como su notaría, ya que solo se limita a dotar de validez jurídica las decisiones partidistas. De ahí que cualquier reforma legislativa o promesa de descentralización son parte de una estrategia para perpetuar un sistema incapaz de solucionar la crisis estructural de Cuba, maniobra destinada a mantener la represión con un viso de legalidad.
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