Diversos medios estadounidenses han reportado el despido de decenas de jueces de inmigración en todo el país. Algunos ofrecieron declaraciones a la prensa en las que aseguran haber sido presionados políticamente para rechazar solicitudes de asilo con el objetivo de facilitar detenciones inmediatas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluso dentro de las Cortes.

Según los testimonios, los jueces fueron notificados del despido mediante correos electrónicos sin que se les ofreciera justificación formal. La situación ha desatado un nuevo debate sobre la independencia judicial y el papel del poder ejecutivo en la administración de justicia migratoria.

La controversia ha generado confusión entre quienes asumen que los jueces en Estados Unidos gozan de la protección constitucional que impide su remoción arbitraria. En efecto, los jueces federales (contemplados en el artículo 3 de la Constitución —incluidos los de la Corte Suprema—) tienen nombramientos vitalicios y solo pueden ser destituidos a través de un proceso de juicio político (impeachment) aprobado por el Congreso y muy similar al establecido para la remoción del presidente. Desde la fundación de EE. UU., solo 15 jueces federales han sido sometidos a este proceso, y apenas ocho han sido removidos del cargo.

Sin embargo, no sucede igual con los jueces de Inmigración. A diferencia de los jueces federales, estos no forman parte del poder judicial, sino que se les considera jueces administrativos que trabajan bajo la órbita del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés); en específico, dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés). Por ende, los jueces de inmigración son funcionarios civiles que, a diferencia de los federales, no son nombrados por el presidente sino por el fiscal general. Es también el fiscal general quien tiene la potestad para removerlos sin la intervención de otra institución estatal y sin cumplir con un procedimiento formal complicado.

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Los motivos para el despido o sanción pueden incluir bajo rendimiento, violaciones éticas, no alcanzar las cuotas de resolución de casos establecidas por la EOIR o el incumplimiento de políticas internas del DOJ. Esta última causa de despido, sobre todo, ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que durante años han alertado sobre el riesgo de que los jueces de inmigración sean utilizados como instrumentos políticos en contextos de endurecimiento de las políticas migratorias.

Durante los primeros seis meses de la segunda Administración Trump, los debates sobre la independencia del sistema de justicia migratoria se han profundizado, acompañados, incluso, de discusiones sobre cuánto derecho al debido proceso (y en qué condiciones) tienen los inmigrantes en los Estados Unidos. 

Los debates han sido ensalzados con la remoción de jueces de Inmigración que se niegan a alinearse con las directrices internas del Departamento de Justicia y con la política del Ejecutivo que busca minimizar la intervención judicial en casos migratorios para facilitar deportaciones inmediatas.

Frente a esa situación, juristas, académicos y organizaciones defensoras de derechos han reactivado los llamados para crear un sistema de Cortes de Inmigración verdaderamente independientes (fuera del control del Departamento de Justicia), con el fin de asegurar la imparcialidad, la autonomía judicial y el respeto pleno al debido proceso.

¿Qué esperar?

Diversos analistas han advertido que la reciente ola de despidos de jueces de inmigración, junto con las presiones políticas dirigidas a quienes permanecen en sus cargos para que sigan las directrices del Departamento de Justicia, podría agravar aún más el retraso crónico en la tramitación de casos migratorios. Además de profundizar los conocidos backlogs —expedientes acumulados durante años en las Cortes migratorias—, también podría facilitar la desestimación sumaria de solicitudes de asilo y otras reclamaciones sin un análisis adecuado ni garantías procesales.

En contraste, algunos sectores defienden que el aumento presupuestario aprobado recientemente mediante el «gran y hermoso proyecto de ley» (One Big Beautiful Bill Act o BBB), firmado por el presidente Trump, podría aliviar la presión sobre el sistema migratorio. La ley contempla una asignación global de 3 300 millones de dólares para el DOJ, que incluye financiamiento para la EOIR, encargada de administrar las Cortes migratorias.

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No obstante, el optimismo del argumento se ve limitado por un dato clave: la BBB impone un tope máximo de 800 jueces de inmigración en todo el país a partir del primero de noviembre de 2028. Actualmente, la EOIR cuenta con 700 jueces; lo que implica que, de los 3 300 millones asignados al DOJ, solo una pequeña fracción podría destinarse al nombramiento de 100 nuevos jueces (una cifra muy por debajo de lo que muchos expertos consideran necesario para descongestionar el sistema).

El incremento más notable del presupuesto se dirige, en cambio, a agencias responsables de arrestos y detenciones migratorias, lo que sugiere un escenario en el que aumenten las detenciones pero no la capacidad judicial para procesar los casos. De mantenerse el desequilibrio, lo más probable es que se multipliquen los retrasos en las audiencias y se profundicen las deficiencias del sistema judicial migratorio.

La situación afectaría especialmente a los inmigrantes detenidos, quienes podrían verse obligados a esperar meses entre cada audiencia. Al mismo tiempo, quienes llevan sus procesos en libertad enfrentarían demoras aún mayores porque muchos jueces serían reasignados para atender los casos de personas detenidas. 

Algunos expertos advierten, además, sobre un posible aumento en la desestimación automática de casos como mecanismo administrativo para desahogar el sistema —una práctica que viene desarrollándose desde hace semanas y que, de consolidarse, podría dejar a miles de personas sin acceso al debido proceso—.