Uno de los principios que ha guiado la política y legislación cubana con respecto a la tierra desde 1959 es la proscripción del latifundio —entendido como grandes extensiones de tierra en manos de una sola persona—. No obstante, muchos especialistas señalan que uno de los principales retos de los productores cubanos es la falta de acceso a áreas más extensas que les permitan aumentar sus producciones.

Tras 1959, el latifundio no desapareció, sino que pasó de ser mayoritariamente privado a ser público. Con las confiscaciones y expropiaciones de grandes extensiones de tierra, el Estado cubano se convirtió en el propietario del 79 % de alrededor de 6 millones de hectáreas cultivables del país. La burocracia cubana ha argumentado que la tenencia estatal de grandes extensiones de tierra no constituye latifundio porque está dividida entre diferentes administradores (empresas estatales, cooperativas agropecuarias y usufructuarios que administran la tierra en pequeñas parcelas en nombre del «pueblo»).

Bajo ese razonamiento, el régimen de la isla sigue defendiendo que el latifundio es una práctica proscrita en la Cuba actual. El reciente anteproyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra publicado por las autoridades ratifica «la proscripción del latifundio, el arrendamiento y la aparcería de tierras» como principio fundamental de la futura legislación.

Sin embargo, el anteproyecto busca proscribir el latifundio privado nacional. El borrador tiene como objetivo codificar en una sola ley las diversas regulaciones administrativas que hoy rigen la transmisión y división de la tierra, así como el derecho de usufructo. En ese sentido, establece que las tierras estatales pueden ser otorgadas en usufructo a personas naturales y jurídicas.

Planes olvidados de la agricultura cubana

Un análisis de los proyectos de la agricultura permite concluir que en la economía cubana, lejos de una planificación, prima la improvisación, las medidas desconectadas, el abandono de una línea de trabajo para hacer énfasis en otra de manera desorganizada.

En relación con las personas jurídicas, el proyecto introduce lo que algunos han calificado como novedad: la posibilidad de otorgar tierras en usufructo a personas jurídicas extranjeras. Si bien el anuncio es novedoso porque no está contemplado en la legislación vigente, no debería sorprender, ya que desde hace varios meses las autoridades cubanas, sin sustento legal alguno, anunciaron la posibilidad de entregar tierras en usufructo a empresarios rusos.

El anteproyecto permite que las entidades estatales, las cooperativas de producción agropecuaria (CPA) y las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) puedan incrementar ilimitadamente las tierras en usufructo. Lo anterior implica que las entidades menos eficientes en la explotación agrícola tienen la capacidad de acumular grandes extensiones de tierra sin restricciones, lo cual creará una forma de latifundio estatal.

Por otro lado, para las personas naturales, tanto cubanas como extranjeras residentes en Cuba, la ley permite la ampliación gradual de tierras en usufructo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos productivos y tecnológicos. Sin embargo, estas personas están sujetas a un límite máximo de 67.10 hectáreas (5 caballerías).

A pesar de las restricciones claras impuestas a las personas naturales cubanas en cuanto a la cantidad de tierras que pueden acumular, el borrador no establece límites explícitos sobre la cantidad de tierras que las empresas extranjeras pueden explotar. Ese vacío legal —recordando el principio de derecho que establece que «donde la ley no distingue, no cabe distinguir»—, contrasta con la prohibición expresa que impide a las empresas privadas cubanas, incluidas las mipymes, explotar directamente las tierras productivas del país.

Mientras que las empresas extranjeras tienen permitido explotar tierras en usufructo, las empresas privadas cubanas solo pueden participar mediante contratos de «encadenamiento» con usufructuarios y propietarios de tierras; lo que limita su capacidad para operar de forma directa en el sector agrícola del país.

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