Foto: elTOQUE.
Engañoso: «En Cuba de cada 100 delitos violentos, tres son agresiones sexuales»
11 / junio / 2024
¿Qué porciento de los delitos denunciados con rasgos de violencia corresponden a agresiones sexuales en Cuba? Según fuentes oficiales, solamente el 3 %.
Lo hizo saber el coronel Idael Fumero Valdés, jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior, y Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, el pasado 13 de marzo de 2024 durante el programa Hacemos Cuba. Una emisión dedicada a tratar la percepción social de la escalada de la violencia en la isla.
Como parte de su intervención, De la Peña aseguró que los asesinatos, los homicidios, las lesiones, los robos con violencia y las agresiones sexual no han sufrido un «aumento» en el país. Según la jurista, el sentir de la población en lo que se refiere al presunto incremento de los hechos delictivos se debe a que durante los meses de confinamiento por la COVID-19 transgresiones de este tipo se encontraban en su «mínima expresión».
«El país, prácticamente [estaba] paralizado, [lo que] condujo a que existiera una contracción en las modalidades delictivas», agregó Fumero.
El análisis desarrollado por ambos funcionarios en Hacemos Cuba ha sido una de las pocas veces que representantes del oficialismo han abordado en términos numéricos y comparativos la violencia sexual en el país. Sin embargo, las cifras y afirmaciones de ambos son engañosas y muestran varios sesgos.
Agresiones sexuales en Cuba
«En Cuba, el 3 % de los delitos con rasgos de violencia son agresiones sexuales». La cifra que presentó el coronel Fumero Valdés es una estadística cuestionable. Sobre todo, por la imposibilidad de verificarla.
Lo único que reveló el funcionario del DTI sobre la procedencia del dato fue que corresponde a los delitos que son denunciados y procesados en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y en la Fiscalía General de la República. La cifra no se encontró en registro público alguno.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2013 indicó que solo el 5 % de las víctimas adultas de violencia sexual notifican a la Policía. En contextos como el mexicano, por ejemplo, solo uno de cada diez crímenes sexuales llega a denunciarse. Así lo indica la trabajadora social e investigadora mexicana Andrea Xochitl López Valdez. Las causas son muchas, la falta de información —el desconocimiento de la legislación—, el temor de las sobrevivientes de ser culpadas por los hechos, el miedo a represalias, la vergüenza y la falta de acceso de acompañamiento jurídico y psicológico.
La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG-2016) —última investigación de su tipo en la isla— mostró que solo el 3.7 % de las mujeres cubanas (entre 15 y 75 años) acuden a las instituciones en busca de ayuda tras verse en situaciones de violencia machista. Un porcentaje menor que la cifra global.
«En Cuba, por ejemplo, no ha habido un debate sobre las violaciones dentro del matrimonio o dentro de la pareja. Pues muchas mujeres no entenderán que eso es una agresión sexual y no establecerán un proceso de denuncia ni pública ni ante la justicia», explica MeToo Cuba —proyecto autogestionado por mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas, sobrevivientes y denunciantes de violencia sexual en la isla— en conversación con elTOQUE.
El «3 %» que aseguró Idael Fumero, por tanto, se convierte en una aproximación, un subregistro de incidencias. Lo anterior, demuestra la ausencia del enfoque de género en el análisis de la seguridad ciudadana y la necesidad urgente de contar con una metodología que considere los casos que no son denunciados —sea por el descrédito de las instituciones y sus estructuras, la faltas de redes de apoyo o la invisibilización de las violencias—.
La revictimización es un problema identificado en la mayoría de los procesos de denuncia y búsqueda de reparación de las mujeres afectadas por la violencia machista. A la escasa orientación y poca transparencia durante los procesos, se suman las demoras y malas prácticas de los funcionarios. Varias sobrevivientes han hablado sobre la falta de herramientas de la PNR para atender las violencias machistas. Es habitual que cuestionen a quien realiza la denuncia, muestren actitudes enjuiciadoras o incluso decidan no recepcionar la denuncia.
En diciembre de 2021, el medio independiente El Estornudo publicó el artículo «Cinco denuncias de abuso sexual contra Fernando Bécquer», que inició un nuevo Me Too cubano —el cual tuvo de antecedente las denuncias de La Diosa contra José Luis «El Tosco» Cortés en 2019—. En su momento, Claudia Expósito, una de las primeras denunciantes, decidió no presentar el caso ante la ley.
«No quería enfrentarme a la vorágine policial en vano, es un ambiente que no me gusta y que por otras experiencias de violencia sé que es un espacio sumamente machista, en el que te sientes peor de lo que llegaste, así que decidí no hacerlo», explicó a elTOQUE.
«La violencia no solo se puede medir a nivel judicial (...). Ese 3 % [de agresiones sexuales] es irreal», denuncia MeToo Cuba.
Ni coronel Fumero ni la funcionaria de la Fiscalía dijeron explícitamente a qué período de tiempo responde la data. Ambos se limitaron a hablar de un estancamiento de crímenes durante el confinamiento obligatorio y que, a pesar de las preocupaciones de la sociedad civil, no hubo un incremento significativo de hechos delictivos.
En lo que concierne a las agresiones sexuales, así como a otras formas de violencia machista, es casi imposible verificar el alcance dada la poca información pública disponible.
Sobre las violencias machistas, agrega MeToo Cuba: «no solo han ido aumentando en el nivel de denuncias, sino también en reconocimiento de las personas gracias al trabajo de la sociedad civil; sin llegar a impactar en los sistemas de justicia. Lo sabemos por las experiencias de mujeres a las que hemos acompañado y que no han encontrado respuesta en su idea de lo que ellas consideran justicia y reparación. Son procesos rectivimizantes, desestimuladores. “¿Qué hacías a esa hora en la calle?” “¿Qué hacías con esa ropa?”».
Agresiones sexuales durante la pandemia
Antes de la llegada de la COVID-19, una de cada tres mujeres en el mundo había sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. El panorama se complejizó aún más cuando niñas y mujeres se vieron obligadas a mantenerse aisladas con su agresor. Desde los primeros días del confinamiento preventivo, Phumzile Mlambo-Ngcuka —directora de la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres— advirtió sobre el probable aumento de las cifras y bautizó la situación de «la otra pandemia».
En abril de 2020, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) estimó que por cada tres meses adicionales de confinamiento habría 15 millones de casos más de maltrato contra mujeres y niñas.
De acuerdo con una investigación publicada en el portal Distintas Latitudes, entre marzo y junio de 2020 se registraron 3 494 denuncias por violencia sexual en Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador y Guatemala. «Estos fueron los únicos países que entregaron la información segregada por tipo de violencia», señaló el medio.
Sin embargo, el oficialismo cubano asegura que hubo una contracción de hechos delictivos en el país, incluidas las agresiones sexuales. Lo cual es poco probable si se tiene en consideración la atmósfera internacional en la cual se encuentra inserta la isla.
Ante el escenario de riesgo para mujeres y niñas, varios Gobiernos emplearon estrategias para hacer frente a las agresiones machistas. Los datos recabados por el Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD) muestran que de 4 968 políticas relacionadas con la COVID-19, 853 se centraron en la violencia de género.
Cuba, por su parte, lanzó una tardía línea telefónica (en diciembre de 2020) para la atención de situaciones de violencia de género. La línea 103 simultáneamente cumplía funciones de línea confidencial antidroga y de información sobre contingencia sanitaria generada por la COVID-19.
De acuerdo con métricas aportadas por representantes de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), durante los tres primeros meses de funcionamiento, la línea 103 registró cerca 280 llamadas «relacionadas con manifestaciones de irritabilidad o violencia». Del total, 71 se vinculaban directa o indirectamente con desigualdades de género —maltrato psicológico (insultos, ofensas y humillaciones) y violencia física explícita—.
El acompañamiento de sobrevivientes recayó mayoritariamente en grupos de la sociedad civil independiente como Yo Sí Te Creo en Cuba. La plataforma, impulsada sin ayuda estatal y criminalizada por el Gobierno, también dispuso de una línea telefónica para ofrecer asesoría legal y psicológica a las mujeres. Desde el 27 de marzo de 2020 hasta finales de julio de 2020, se acompañó a 30 mujeres en situación de violencia física, psicológica, policial, sexual y un caso de violencia obstétrica.
Qué sabemos sobre índices de agresiones sexuales en Cuba
La última encuesta estatal sobre desigualdades y violencia de género en Cuba se aplicó en 2016. Desde entonces, los datos ofrecidos por el Gobierno y sus representantes se han publicado a cuentagotas.
El Anuario Estadístico de Salud de 2022, por ejemplo, señaló las «agresiones» como la quinta causa de muerte entre las mujeres, pero no reveló detalles. En diciembre de 2023, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, indicó que hasta octubre de ese año había «117 hechos por muerte violenta de mujeres», con mayor incidencia en las provincias Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. El 75 % de los casos ocurrieron en viviendas compartidas por las parejas y como consecuencia 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre.
También explicó que en el país 9 579 familias —16 116 mujeres y niñas— viven en situación de violencia. De ese grupo, el 60 % son negras y mulatas, menores de 35 años y con promedio de escolaridad de noveno grado.
Como en ocasiones anteriores, la afirmación acarreó dudas, sobre todo, entre activistas independientes. Datos incompletos. De nuevo se cuestionaba, ¿cuál había sido la metodología empleada en el levantamiento? ¿A qué período exactamente correspondía el centenar de casos?
El feminicidio, como máxima expresión de la violencia machista, es uno de los medidores comparativos más importante para evaluar el avance en la erradicación de la violencia contra las mujeres en cualquier país. La última actualización del oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG) —presentado por la FMC ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en junio de 2023—, es de 2022 con 18 mujeres víctimas de homicidio intencional por razones de género. La data fue confirmada por Kenia Vasallo Olivera, asesora del ministro de Justicia durante el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU. La cifra corresponde a poco más de la mitad de los casos verificados (34) ese año por los subregistros de los observatorios independientes.
En 2020, el observatorio de Alas Tensas registró 32 feminicidios. En 2021, se contabilizaron 36; y en 2023, 89 —el año más mortífero hasta la fecha—.
De enero a noviembre de 2023, el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) registró cerca de 1 945 asesinatos por cuestiones de género en la región. Para un promedio de diez crímenes cada 24 horas y Cuba fue el país con mayor aumento de feminicidios, con un crecimiento del 150 % en el primer semestre.
El discurso del coronel Idael Fumero Valdés y de Beatriz de la Peña La O en Hacemos Cuba es un ejemplo de cómo el Gobierno de la isla no cumple con los estándares de transparencia de información pública que necesita la ciudadanía y la sociedad civil. Información, además, que cuenta con un claro sesgo de género. Datos incompletos cuyas metodologías y rangos de tiempo se desconocen. Límites que se convierten en obstáculos para la prevención y atención de las violencias de género, incluidas las agresiones sexuales. El resultado es, por tanto, perjudicial para comprender la verdadera dimensión del fenómeno de la violencia machista en el país —avances y retrocesos— y la imperante necesidad de políticas públicas de prevención, atención y reparación a las sobrevivientes.
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