Por primera vez, Estados Unidos sancionó al presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por violaciones graves a los derechos humanos. La medida, anunciada en el cuarto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, no solo prohíbe su ingreso al país, sino también el de sus familiares cercanos y el de altos mandos del aparato represivo cubano. 

Las regulaciones se amparan en la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado de 2025, que autoriza negar visas a personas involucradas en corrupción significativa o abusos a los derechos humanos.

La decisión también incluye al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como a sus familiares cercanos. Aunque las restricciones son esencialmente de carácter migratorio, también tienen una carga política importante: representan la primera sanción oficial de este tipo contra un presidente cubano en funciones.

La medida provocó reacciones inmediatas tanto dentro de Cuba como en el exilio. Para algunos, es un acto de justicia largamente esperado que envía un mensaje claro al régimen; para otros, tendrá un impacto limitado en la realidad cotidiana de la isla.

Desde que asumió la presidencia en 2018, Díaz-Canel solo ha viajado dos veces a Estados Unidos, ambas con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Su primera visita fue en septiembre de 2018, y la segunda, en el mismo mes de 2023. Fuera de esos encuentros diplomáticos, no se le conocen otras visitas oficiales ni reuniones públicas en territorio estadounidense.

Trump promete sanciones para quien negocie con el poder militar cubano

Estados Unidos endurece su política hacia Cuba con nuevas sanciones que podrían afectar a empresas extranjeras vinculadas al sector militar de la isla. El nuevo memorando presidencial firmado por Trump también refuerza restricciones de viaje y apuesta por ampliar el acceso a Internet en la isla.

En el ámbito político norteamericano, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que «Estados Unidos seguirá defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba, y dejará claro que ningún régimen dictatorial ilegítimo es bienvenido en nuestro hemisferio».

Rubio pidió acciones adicionales para aumentar la presión contra el régimen y también denunció el caso del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, víctima de golpizas y malos tratos en la prisión de Mar Verde, reportadas por su familia. 

«El régimen sigue torturando a Ferrer. Exigimos pruebas de vida y la liberación de todos los presos políticos», dijo en su cuenta de X.

Por su parte, el Gobierno cubano también reaccionó a las nuevas sanciones. El canciller Bruno Rodríguez las calificó como un «acto de arrogancia e impotencia» y acusó a la administración Trump de utilizar los derechos humanos como pretexto para mantener su política hostil hacia Cuba.

El Departamento de Estado, además, amplió la lista de propiedades prohibidas para los estadounidenses que viajen a Cuba, incorporando once nuevos alojamientos turísticos vinculados a las Fuerzas Armadas y al conglomerado empresarial Gaesa, incluyendo la lujosa Torre K, un nuevo emblema del poder militar en el sector inmobiliario cubano. Esta estrategia busca cortar los flujos de dinero que fortalecen al aparato represivo del régimen.

El anuncio se suma a una serie de medidas impulsadas en 2025 por el Departamento de Estado, entre ellas, nuevas restricciones económicas al conglomerado Gaesa y el regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la cual había sido retirada por un breve periodo de tiempo a inicios de año.