Foto: captura de pantalla.
Díaz-Canel: realidad vs. discurso oficial sobre las protestas en Cuba
27 / mayo / 2024
El 11 de mayo de 2024, el periodista Ignacio Ramonet entrevistó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El intercambio — replicado por disímiles medios oficialistas— se llevó a cabo en el salón protocolar del Palacio de la Revolución y se dividió en tres bloques (economía, política interior y política exterior).
Durante casi dos horas, en un intento de desglosar el panorama actual de la isla, el mandatario trató varios temas. Entre ellos, la relación con Rusia, la inteligencia artificial, la informatización del país y las vacunas contra la pandemia de la COVID-19. Díaz-Canel hizo énfasis en que el embargo estadounidense es el «principal» agravante de la crisis cubana.
Sin embargo, cuando Ramonet le preguntó a Díaz-Canel sobre las protestas sociales que han marcado el devenir de la isla —sobre todo desde 2021— el primer secretario del Partido Comunista emitió varias informaciones falsas y de contenido engañoso.
Reclamos pacíficos
«La mayor parte de estos reclamos han transcurrido en una situación de reclamo pacífico, donde la mayor parte de la población que ha ido a reclamar lo que ha pedido es explicación. Fíjate, no son reclamos de ruptura con la Revolución, la gente ha ido a instituciones del Gobierno o a las instituciones del Partido» [sic], afirmó Canel.
Habló también sobre los hechos acontecidos el 17 de marzo de 2024, cuando cientos de cubanos se manifestaron públicamente en Santiago de Cuba. Sobre la protesta, dijo:
«Han ido a pedir explicaciones, a pedir que se les ratifique si la situación se debe a determinadas circunstancias. ¿Y quiénes son los que han dado la cara? ¿Quiénes son los que han estado hablando con ese pueblo, porque son parte de ese pueblo? Han sido precisamente los dirigentes del Partido, los dirigentes del Gobierno y las administraciones en esos lugares y sin represión policial, sin represión de ningún tipo».
Díaz-Canel no mencionó la masividad de las concentraciones ni que se desplegaron en otras localidades del país (Bayamo y Matanzas) bajo las consignas «libertad», «¡no a la violencia!» y «¡corriente y comida!».
Hay dos factores que se contradicen. Primero, tanto el presidente como otros funcionarios del aparato político del régimen han catalogado de «violentos» a los manifestantes en diversas ocasiones. Una retórica también impulsada por los medios de comunicación oficiales para justificar las condenas. Segundo, si las concentraciones se desarrollan de forma pacífica, por qué el alto índice de detenidos.
Habría que recordar las declaraciones oficiales de Miguel Díaz-Canel y del canciller Bruno Rodríguez Parrilla tras el estallido social del 11 de julio de 2021. No solo mitigaron y restaron relevancia a lo ocurrido, sino que catalogaron las protestas de «intento de golpe de Estado vandálico». También llamaron a los manifestantes «mercenarios» y «delincuentes».
En horas de la tarde del 11 de julio de 2021, durante una intervención especial, Díaz-Canel habló de «provocaciones» y de «desestabilización» por parte de potencias externas. Incluso, habló de la presencia en las calles de revolucionarios «confundidos», antes de hacer un llamado al enfrentamiento. «Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución (...). La orden de combate está dada».
«La revolución cubana no va a poner la otra mejilla a quienes la atacan en espacios virtuales y reales. Evitaremos la violencia revolucionaria, pero reprimiremos la violencia contrarrevolucionaria. Quien ataca a los agentes del orden, ataca al país», escribió Canel más tarde a través de su cuenta en X.
Durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió por cuarta vez el Gobierno cubano en Ginebra el 15 de noviembre de 2023, Maricela Sosa Rabelo, vicepresidenta del Tribunal supremo popular de Cuba, habló sobre las movilizaciones masivas del 11 de julio de 2021. «De ninguna manera pueden calificarse de manifestaciones pacíficas porque pusieron en peligro, se lesionaron personas y dañaron propiedades del Estado», afirmó.
A dos años del 11J, se sabe que las protestas —desarrolladas entre los días 11, 12, 13 y 17 de julio de 2021— se extendieron en más de 50 localidades del país y sus participantes recibieron represalias militares, paramilitares y jurídicas. Incluida la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el barrio habanero Arroyo de Naranjo a raíz del enfrentamiento con las fuerzas policiales. En 2022, la organización de derechos humanos Human Rights Watch hizo público un informe de 37 páginas en el que se documentan un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, incluidas detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos y tortura.
Alrededor de 1 555 personas fueron detenidas durante y tras las protestas del 11J, incluidos menores de edad. Muchos permanecieron incomunicados durante largos períodos de tiempo y recibieron golpes —y otras formas de violencia psicológica— durante su retención. Hasta la fecha, 781 cubanos siguen privados de libertad, con condenas que pueden llegar hasta los 25 años bajo cargos de sedición. Los juicios fueron materia de múltiples denuncias, entre ellas las evidencias poco confiables o sin corroborar que se presentaron (declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad y supuestas «huellas de olor» de los acusados encontradas en piedras).
En lo que respecta a las movilizaciones más recientes en Santiago de Cuba, se conoce que al menos 19 personas fueron detenidas. Las cifras, no obstante, son un subregistro. La falta de claridad y transparencia gubernamental ha imposibilitado documentar el número real de manifestantes detenidos.
Manifestantes financiados
Díaz-Canel también subrayó la existencia de «personas financiadas por proyectos subversivos del Gobierno de Estados Unidos» que a cambio de una presunta entrada sistemática de dinero, aprovechaban las coyunturas y se manifestaban en contra de la Revolución. Pero ¿quiénes salieron a las calles y por qué?
Los testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos —como la plataforma Justicia 11J— permitieron demostrar que muchas de las personas que salieron a la calle no tenían afiliaciones políticas ni militaban de forma activa en alguna agrupación opositora. Quienes participaron exigían un cambio en las condiciones de vida ante la escasez de alimentos, objetos de higiene personal y medicinas, los apagones, las medidas restrictivas aplicadas por el Gobierno para controlar los contagios de la COVID-19 y la histórica política de represión del Estado. Las protestas fueron el resultado del agravamiento de las condiciones sociales, económicas, sanitarias y políticas en el país.
Tras los sucesos del 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba se intensificó el reclamo de mujeres junto a sus hijos en las calles. Pero no se trata de un fenómeno aislado. A lo largo de 2022 y 2023, las madres cubanas ocuparon un rol fundamental en la protesta pública. En muchas ocasiones fueron el rostro visible de las movilizaciones.
En agosto de 2022, las madres residentes en un inmueble en amenaza de derrumbe del municipio Habana Vieja cortaron el tráfico en la calle Habana, entre Muralla y Teniente Rey. Solo cuatro meses después, a mediados de noviembre y tras 15 días sin agua potable una docena de mujeres con sus hijos cerraron el tráfico con cubos, tanques y otros recipientes en la intersección de Monte y Agramonte. Un año más tarde, otro grupo se plantaría frente a la sede del Ministerio de Salud Pública, en el Vedado, para exigir atención y calidad de vida para menores con patologías graves.
«El Gobierno se ha buscado un poderoso enemigo en los millones de madres cubanas que no pueden contar ahora ni con el azúcar ni la leche ni el pan de las cuotas normadas para dar algo de comer a sus hijos», advirtió el Observatorio Cubano de Conflictos.
Respuesta represiva
«La Constitución cubana garantiza el derecho a manifestarse», le dice Ignacio Ramonet al presidente. Canel contesta: la «opinión que puede tener alguien que no esté con la Revolución no se reprime. Los menos, en esas protestas, cometen hechos vandálicos y atentan contra propiedades estatales, contra propiedades sociales, alteran el orden público, y eso entonces sí lleva una respuesta que no es por ideología, es una respuesta judicial».
El artículo 56 de la actual carta magna (2019) reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, siempre y cuando se «ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley». Pero aún no se ha aprobado una normativa complementaria para que pueda ejercerse.
Por otra parte, el Código Penal contempla limitaciones a este derecho, al imponer serias restricciones a la ocupación del espacio público. Lo hace a través de la inclusión de delitos como «desórdenes públicos».
La movilización pacífica comprende el accionar de un grupo de personas que recurren al espacio público para expresar sus pensamientos, exigencias y aspiraciones. Es un recurso viable de la ciudadanía para expresar sus inquietudes.
La gran mayoría de los detenidos tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021 tuvieron una conducta pacífica. Incluidos quienes, en algún momento, hicieron fotos o salieron a la calle a gritar consignas. Existen un alto volumen de pruebas que fueron compartidas en redes sociales a lo largo de esos días. Se suma, además, el testimonio de familiares y la opinión de varios expertos.
Los juicios, sin embargo, estuvieron marcados por irregularidades y no fue respetado el debido proceso. No todos los acusados tuvieron acceso a abogados. No todos los familiares conocían de las causas que se le imputaron.
«En las sentencias se nota el uso de un lenguaje más político que técnico-jurídico para ajustar la narrativa sobre cómo actuaron los manifestantes a delitos como el de sedición, lo cual es una forma de criminalizar la desobediencia civil», explicó a Martí Verifica el abogado Raudiel Peña Barrios, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba y miembro del centro de asesoría jurídica Cubalex.
La violencia y la represión estatal se han convertido en una respuesta semiautomática del oficialismo cubano.
El huracán Ian pisó la isla a finales de septiembre de 2022 y provocó un apagón masivo que llegaron a durar casi 100 horas. Para el primero de octubre, el peligro de la descomposición de los alimentos, los problemas con el abasto de agua y la suspensión del gas licuado devino manifestaciones en varias zonas del país —sobre todo en La Habana— que resultaron en múltiples detenciones.
Entre los primeros casos denunciados estuvo el de las hermanas Dayamí y Yaima Villavicencio Hernández, así como el hijo de 12 años de la última. De acuerdo con una nota publicada por el Foro Antitotalitario (Fantu), los tres fueron interceptados por las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas y elementos de la Seguridad del Estado (SE) en Santa Clara. Justicia 11J confirmó que la familia permaneció bajo custodia de las autoridades durante 25 horas. El hijo de Yaima fue «coaccionado por oficiales de la Dirección de Reeducación de Menores del Minint [Ministerio del Interior]».
El diseñador Danilo Martínez Roja se unió a una manifestación pacífica en el Vedado y logró documentar parte de las exigencias de la ciudadanía. Desde las 9:20 p. m. compartió varios videos a través de sus redes sociales. Según una nota de prensa publicada por el Observatorio de Derechos Culturales, de regreso a su casa Danilo fue emboscado y agredido por agentes de la SE vestidos de civil.
El tatuador José Adalberto «Pepitín» Fernández Cañizares, también fue detenido y golpeado con severidad a unas cuadras de su casa, cerca del capitalino hotel Presidente. La agresión le provocó lesiones en su mejilla y la rotura del tabique. Tuvo que ser trasladado al cuerpo de guardia del Hospital Universitario «General Calixto García».
Brutalidad policial
En la noche del primero de octubre de 2022, durante una de las manifestaciones realizadas en el Vedado habanero, dos hombres vestidos de civil tomaron por el cuello a Hillary Gutiérrez —madre en aquel entonces de una niña de 5 años— y golpearon y lanzaron al suelo a una mujer negra que intentaba defenderla. El hecho fue captado por un fotógrafo de la agencia AP y la imagen en cuestión, terminó viralizándose. «Son hechos que dan un mensaje de permisividad de la violencia de género del Estado cubano», señaló, en su momento, YoSíTeCreoenCuba, la primera plataforma cubana de apoyo y acompañamiento a personas en situación de violencia machista.
La escena de 2022 es una directa contraposición al argumento marcado por Díaz-Canel en su encuentro con Ramonet. En un momento, el mandatario cuestionó por qué no se denuncian las protestas en Estados Unidos, transversalizadas por la brutalidad policial. Sobre todo contra personas negras y humildes.
«Represión policial, maltrato a estudiantes, maltrato incluso a profesores, con las botas en el cuello de la gente. Hemos visto escenas de una profesora, ya una persona entrada en edad, sometida, reducida, humillada en el piso. Eso no pasa en Cuba, ¡eso no pasa en Cuba!», sentenció en relación con los recientes acampes estudiantiles en diferentes universidades de Estados Unidos a favor de la causa palestina.
Pero la brutalidad contra Hillary no es un caso aislado. En marzo de 2024, la académica cubana de 58 años Alina Bárbara López Hernández denunció haber sufrido lesiones a consecuencia de la brutalidad policial ejercida contra ella en el punto de control de Bacunayagua cuando intentaba viajar de Matanzas hacia La Habana.
Tres agentes uniformados le exigieron montarse en una patrulla sin darle explicación. Una vez adentro, la inmovilizaron y golpearon. Le torcieron el brazo derecho de tal forma que horas después no podía moverlo, para después someterla a una técnica de tortura policial ampliamente documentada por las organizaciones defensoras de derechos humanos en Cuba, la «patrulla horno».
La táctica consiste en colocar a los detenidos en el interior de las patrullas al sol y con las ventanillas y las puertas cerradas durante horas.
«En horas de la tarde me dirigí a la consulta del Cuerpo de Guardia de Ortopedia en el Hospital Provincial Faustino Pérez. Tras el reconocimiento médico y las radiografías me diagnosticaron una luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho) que me inmovilizaron con cabestrillo, y una subluxación en el pulgar de la mano izquierda, el cual me inmovilizaron con yeso por 21 días». Todo ello resultado de la brutalidad policial que en el día de ayer se ejerció sobre mí», escribió la politóloga matancera en Facebook.
Para cerrar su entrevista con Ignacio Ramonet, Díaz-Canel afirmó que aún falta mucho por conquistar en materia de igualdad y justicia social, no solo en Cuba sino en América Latina. Sin embargo, ratificó el «deseo» de su Gobierno de seguir avanzando en «integración». «Ese es el mensaje, la convicción, el apoyo y el ejemplo que puede dar Cuba», dijo.
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