Las investigaciones estadísticas suelen ser una vía privilegiada de aproximación al conocimiento de la realidad. Resultan esenciales, sin que puedan considerarse infalibles, puesto que su construcción está siempre atravesada por las subjetividades propias de toda herramienta sociológica. Diagnosticar las desigualdades de género en la sociedad cubana requiere, como cualquier otra, producir datos e interpretarlos.

La información que brindan las instituciones gubernamentales es escasa y está marcada por la necesidad de demostrar el avance del Gobierno en temas de género. Desde la sociedad civil se producen algunas estadísticas, limitadas por las condiciones del contexto pero reveladoras de la gravedad de los problemas.

Por ello, el presente texto se propone analizar las estadísticas existentes sobre género en Cuba; así como las ausencias, considerando el concepto de ‘brechas de género’, que se ha vuelto fundamental en los últimos años al articular indicadores para la visibilización y superación de las asimetrías por esta condición.

En julio de 2022, el Foro Económico Mundial presentó su Informe Global de Brecha de Género (Global Gender Gap Report 2022). El reporte integra estadísticas de organizaciones internacionales y encuestas a ejecutivos de la propia organización. Cuba es uno de los países ausentes junto a Bahamas, Croacia, Iraq, Mauritania, Papua Nueva Guinea, Rusia, Siria, Trinidad y Tobago, Venezuela y Yemen. El Reporte no provee razones sobre la no aparición de estos países. Sin embargo, Cuba estuvo representada en 2021, cuando se ubicó en el lugar 39, y en 2020 que ocupó el puesto 31.

Las brechas de género se analizan en cuatro dimensiones fundamentales: participación económica y oportunidades, que considera indicadores como la disparidad salarial entre hombres y mujeres; logros educacionales, que mide las proporciones comparativas de incorporación a la educación entre hombres y mujeres así como el nivel de alfabetización; salud y supervivencia, que considera la expectativa de vida y los índices de supervivencia al nacer; y empoderamiento político, fundamentado en estadísticas del acceso de mujeres a parlamentos, posiciones ministeriales, existencia y duración de mujeres como jefas de Estado.

Un repaso a los indicadores considerados para la elaboración del reporte mundial deja ver carencias importantes que se ven reflejadas en los resultados. Fundamentalmente, los indicadores de superación de las brechas de género no consideran la existencia de otros problemas que determinan la desigualdad de género. Por mencionar algunas: violencia de género, embarazos tempranos o acceso a la justicia y reparación.

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Indicadores en contexto

El concepto mismo de brecha reconoce una desigualdad subyacente que puede ser superada a través de estrategias específicas de representatividad política, igualdad salarial y acceso a la educación. Pero no involucra la necesidad de crear determinadas condiciones imprescindibles para la superación de dichas brechas, una de las cuales tendría que ser, sin dudas, la eliminación de la violencia de género.

Por otra parte, tiene la debilidad que no toma en cuenta las diferencias de contextos políticos en los que los indicadores operan, lo cual los vuelve fácilmente manipulables por regímenes autoritarios que tienen la capacidad de utilizar políticas afirmativas y de cuotas en su propio beneficio.

Un claro ejemplo de esto es que los resultados del informe ubican a Nicaragua en el séptimo lugar (entre 146 países) de aquellos más cercanos a cerrar sus brechas de género. Un análisis de la veracidad del resultado observa cómo, en la dimensión de salud y supervivencia, la situación de las mujeres nicaragüenses no es considerada más allá de su supervivencia al nacimiento y casi la mitad de ellas experimentan violencia de género a lo largo de sus vidas. El país tiene el segundo lugar de América Latina en número de embarazos en la adolescencia, y en muchos casos son resultado de agresiones sexuales, en una nación donde el aborto es ilegal.

Otro tanto ocurre con el caso de Ruanda, país que ocupa el sexto lugar entre los más cercanos a cerrar sus brechas de género. Gracias a una serie de políticas públicas para obtener la igualdad y disminuir la violencia de género, tiene una importante representación de mujeres en las instituciones políticas. Sin embargo, la representación no se traduce necesariamente en una participación política efectiva y contrasta con el tratamiento dado a las mujeres de la oposición política. Un ejemplo es lo sucedido con la candidata presidencial a las elecciones de 2017, Diane Rwigara, cuya postulación rechazaron. Fue acusada de cargos como convocar a derrocar el Gobierno y luego encarcelada.

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Los reportes de los años anteriores ubican los resultados de Cuba de forma relativamente positiva en los indicadores de salud, educación y representatividad política, y entre los peores en acceso económico. De haber participado en la encuesta de 2022, es probable que la nación caribeña hubiera escalado en la posición. La representación en cargos políticos ha centrado la atención del Gobierno cubano. Según la Unión Interparlamentaria —una organización internacional que comprende entre sus miembros 179 órganos legislativos nacionales—, Cuba es el segundo de los cinco países del mundo que alcanzan la paridad de género en el Parlamento y el segundo a nivel global con una proporción de mujeres diputadas, superada únicamente por Ruanda.

La paridad de género, sin embargo, no se traduce en Cuba en capacidad o empoderamiento político, pues la condición de género de las parlamentarias se encuentra subordinada a su lealtad a la política del único partido legal, el Partido Comunista de Cuba. La paridad funciona aquí como una de varias estrategias orientadas a construir credibilidad en la arena internacional sin conceder realmente cuotas de participación efectiva en la vida política del país.

La narrativa oficial, reproducida en argumentos académicos sobre la participación de las mujeres en la vida social, reivindica el proceso revolucionario como agente protagónico en el logro de la igualdad de género. Los estudios estadísticos, por su parte, reproducen esta narrativa al utilizarla como punto de partida sobre el cual se construyen los informes y las investigaciones realizadas a nivel nacional.

¿Qué dicen las encuestas nacionales?

El reporte estadístico más reciente sobre igualdad de género en Cuba es la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, realizada en 2016 y cuyos resultados fueron publicados en 2019. Según la presentación de la ENIG, la muestra se diseñó para tener en ella representación de sexo, edad, raza, tipo de zona (urbana y rural) y alcance en las cuatro regiones del país (Occidente, Centro, Oriente y La Habana, considerada como región en sí misma). La introducción establece como marco interpretativo que la incorporación activa de las mujeres a la sociedad «ha constituido uno de los objetivos más importantes del proyecto humanista y de igualdad de la Revolución cubana».

Además, el texto destaca el rol de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) como la organización defensora e impulsora de las políticas públicas a favor del adelanto de las mujeres y de relaciones más equitativas. Este marco interpretativo introduce un sesgo desde los objetivos mismos, uno de los cuales es «identificar los avances en igualdad de género en Cuba y las manifestaciones de desigualdades aún existentes».

Es relevante que las problemáticas de desigualdad de género son colocadas en el campo de las subjetividades, explicables por los estereotipos tradicionales propios de la cultura patriarcal pero sin relación directa con las políticas públicas, que se consideran suficientes en lo fundamental y perfectibles para transformar las percepciones negativas en relación al género.

En concordancia con esta mirada, varias de las preguntas de la encuesta están orientadas a develar concepciones sobre los roles de mujeres y hombres en la sociedad, los comportamientos adecuados de acuerdo al género o la distribución de tareas en el hogar, aunque también incluye percepciones de discriminación y violencia por razones de género. Para el caso de las actividades de cuidados, vida social o trabajos sin remuneración, se indaga en el plazo de una semana, lo cual es un período muy limitado para obtener conclusiones válidas respecto a estos temas.

Ley contra la violencia de género en Cuba, la solicitud que no ha sido escuchada

La petición de una Ley Integral contra la violencia de género se ha mantenido en la agenda pública en los últimos cuatro años. Sin embargo, la respuesta del Gobierno cubano, hasta el momento, no da certezas de que esta se apruebe en el futuro inmediato.

La ENIG, con las limitaciones que presenta en términos de insuficiencia de la muestra y el sesgo de traspasar los problemas al campo de las subjetividades, no da cuenta de las dificultades estructurales que afectan a las mujeres en Cuba. Estas vendrían a agravarse de manera relevante a partir de 2021 como resultado de una política económica —el ordenamiento— que limitó aún más el acceso a recursos de una gran parte de la población, con énfasis en las mujeres, que padecían sobrecargas de cuidados y otras vulnerabilidades acentuadas por la pandemia de COVID-19, como el aumento de la violencia familiar y de género.

Respuesta desde las políticas públicas

Desde el Estado no ha habido una atención dirigida específicamente a las diversas manifestaciones de la violencia de género y, en particular, a los feminicidios. Los problemas suelen ser invisibilizados o su importancia es disminuida, pues no corresponden con la imagen triunfal y de funcionamiento exitoso del Estado en la elaboración de políticas para la igualdad de género.

Cuando la imagen es cuestionada por organizaciones independientes de la sociedad civil que asumen el trabajo de producir estadísticas sobre la violencia y la desigualdad de género existentes en la sociedad cubana, las instituciones del Estado responden a menudo intentando ponerse al día y asumiendo, al menos discursivamente, la tarea que habían dejado de lado hasta el momento.

Así ocurrió en marzo de 2021, cuando la FMC anunció la creación de un Observatorio de Género que integraría registros actualizados de feminicidios y otras expresiones de violencia machista que no existía hasta ese momento, según reconocen en el anuncio. En la declaración a propósito del nacimiento del Observatorio, la secretaria de la FMC, Teresa Amarelle, declaró a la prensa que se pretendía «demostrar la realidad del país» en cuanto a la violencia de género.

El Observatorio Científico sobre Igualdad de Género, como después fue denominado, debe estar disponible en la web en el primer semestre de 2023, según anunciaron durante el taller de evaluación de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, realizado en diciembre de 2022.

El foco en la «demostración» de la realidad del país, que aparece en la declaración inicial, es coherente con la intención de fondo de los reportes y estadísticas producidas desde el Gobierno cubano: resaltar la correcta y exitosa acción del Estado y ocultar la existencia de gravísimos problemas de desigualdad de género que, si no pueden ser negados, son relegados al plano de la subjetividad. Un año y nueve meses después del anuncio de la creación del Observatorio, los datos de país en la página del Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) no están actualizados y en varias categorías, como Feminicidios, y Mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad que son madres, no hay datos disponibles.

La secretaria general de la FMC remitió a los datos obtenidos en la Encuesta de 2016 que son, según reconoce, los más recientes sobre violencia de género y feminicidios. Ellos recogen que «el 26.7 % de las mujeres de entre 15 y 74 años sufrieron algún tipo de violencia en su relación de pareja en los 12 meses previos al estudio» y que «apenas el 3.7 % de las cubanas que relataron sufrir agresiones en sus vínculos amorosos actuales o anteriores pidieron ayuda institucional, según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género realizada en aquel entonces y que incluyó a 10 698 féminas».

La producción estadística sobre temas de género en Cuba no solo es escasa, sino que refuerza las narrativas gubernamentales según las cuales las políticas públicas son suficientes y problemas como la violencia de género pueden ser desplazados al campo de las percepciones y subjetividades sociales. Por otra parte, indicadores contenidos dentro de las brechas de género —como la paridad en la representación política— son instrumentalizados para proveer una imagen de avance en la igualdad de género que no se corresponde con la realidad de la isla.

Tal instrumentalización integra la tendencia de regímenes autoritarios a capitalizar las políticas orientadas a la superación de la desigualdad de género para sus propias agendas de reafirmación del poder. Las estadísticas producidas desde las instituciones y organizaciones del Estado cubano —tanto por la instrumentalización de la existentes como por las ausencias— están al servicio de la reafirmación de sus propias narrativas, a despecho del agravamiento de problemas tales como los feminicidios o la feminización de la pobreza.

No obstante, tales estadísticas existen y forman parte de la disputa de la sociedad civil frente al poder del Estado. Al producir datos de manera independiente, los colectivos y organizaciones que las generan erosionan el pretendido control estatal sobre la sociedad y ponen en cuestionamiento su privilegio para contar, diagnosticar y proponer vías de transformación para la vida social.