En diciembre de 2024, varios economistas y emprendedores auguraron la «enésima» crisis de desabastecimiento que actualmente vive Cuba: no hay pan, no hay aceite, no hay harina, no hay arroz, no hay huevo.

La premonición no provenía de una bola de cristal ni de una pitonisa, era la consecuencia lógica de la Resolución 56 de 2024 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), que establecía la obligación de las pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias (CNA) a comercializar de forma exclusiva y obligatoria con el Estado, y la eliminación de la venta al por mayor de los trabajadores por cuenta propia (TCP).

Esta medida implica la cancelación automática de más de 100 000 licencias para comercio mayorista —incluidas las de TCP— y afecta a más de 3 500 actores económicos en la isla.

«Se eliminan porque son muy abiertas y es necesario restringir qué actores que pueden continuar con su actividad mayorista, lo harán con entidades estatales», dijo en conferencia de prensa Santiago de Secada, director del Registro Central Comercial del Mincin. 

Pese a las advertencias inmediatas sobre las consecuencias negativas de la medida, las autoridades mantuvieron firme su postura y defendieron las «numerosas ventajas» para ambas partes.

Algunos empresarios decidieron pausar o suspender sus importaciones mientras observaban las consecuencias de la implementación de la norma. Otros, conscientes del absurdo de la medida propuesta por el Mincin, ni siquiera se alarmaron, convencidos de que a largo plazo resultaría insostenible.

Aplazan obligatoriedad de mipymes mayoristas de vender a través del Estado

El Gobierno ha decidido extender hasta septiembre de 2025 el plazo para que los negocios privados se adapten a la Resolución 56/2024. La normativa busca «encadenar» de forma obligatoria al sector privado con la empresa estatal, en un intento por «reordenar» el comercio mayorista en Cuba. 

El Gobierno tardó varios meses en reconocer parcialmente su error. En abril de 2025 anunció, aunque de manera no oficial, el aplazamiento de la Resolución 56 hasta septiembre del mismo año.

Finalmente, el 7 de mayo de 2025, la Gaceta Ordinaria No. 43 publicó la Resolución 18/2025 del Mincin, extendiendo la aplicación de la medida «hasta tanto culmine la evaluación económica y social de su desempeño en el ámbito territorial o nacional, alineado con las políticas del país».

El aplazamiento solo «beneficia» a las mipymes y CNA porque en el caso de los TCP se mantiene la eliminación de sus licencias para la comercialización mayorista. 

Según la ministra Betsy Díaz Velázquez, la prórroga permitirá «afianzar alianzas, lograr conexión efectiva con el sector estatal, aprovechar infraestructuras existentes y establecer relaciones beneficiosas para ambas partes, como contratos de producción cooperada y comercialización de servicios, permitiendo que cada actor —uno como complemento y otro como principal— pueda desempeñar exitosamente la actividad de comercio mayorista».

Donde dije digo, digo Diego

El encadenamiento del sector privado con el sector estatal no es una idea descabellada. Tampoco lo es organizar el comercio mayorista y minorista, como expresaron varios funcionarios a la prensa oficial.

Pero en la práctica, la entidad estatal es tan ineficiente que, al «unirse» con negocios privados, puede generar pérdidas o casos de corrupción, como han denunciado funcionarios en distintos momentos.

De acuerdo con emprendedores entrevistados por elTOQUE, el principal problema radica en la forma de pago.

No es un secreto que para adquirir las divisas necesarias para importar productos y mercancías los empresarios deben recurrir al mercado informal. La falta de liquidez de los bancos cubanos impide que puedan extraer sus ingresos en dólares o realizar transferencias internacionales a sus proveedores.

Nuevas reglas del comercio mayorista: el Estado respira, los privados se asfixian

Desde una perspectiva económica, la ley de oferta y demanda sugiere que una disminución en la oferta, combinada con una demanda constante o creciente, puede provocar un aumento de precios. La nueva medida podría entonces convertirse en un bumerán.

«Ahora, en el contrato con el Estado, sugieren —y en algunos casos exigen— que exista una tarjeta Clásica Empresarial en la que se hagan los pagos correspondientes», explica un emprendedor. «¿Pero cómo se extrae luego ese dinero?», se pregunta.

Sus inquietudes son lógicas y tampoco han recibido respuestas por parte de los funcionarios a quienes les han planteado este obstáculo.

«Si a las empresas extranjeras no les permiten sacar sus divisas —como reveló EFE—, ¿qué podemos esperar nosotros?», añade.

Según comentó, es cierto que las entidades estatales tienen infraestructuras que podrían ser aprovechadas por el sector privado, pero muchas veces requieren una inversión inicial para optimizarlas.

«Ese capital también tenemos que ponerlo nosotros, porque esas empresas no tienen dinero ni siquiera para pagar a sus trabajadores. Es verdad que las utilidades podrían ser beneficiosas a largo plazo, pero nos tocaría asumir casi todo: mejora y mantenimiento de locales y equipos, materia prima, capital».

Yaimara Pérez, vicepresidenta de la Sociedad Mercantil Mercal Habana S. A., reconoció en la televisión cubana que gran parte de la infraestructura del comercio interior «tiene un determinado nivel de deterioro, en algunos casos, con obsolescencia tecnológica que dificulta el proceso productivo y de comercialización».

El empresario entrevistado por elTOQUE también reconoció que obtener beneficios a largo plazo tampoco es una garantía porque los dueños de negocios en el sector privado «viven» con el susto de que cualquier día el Gobierno imponga una medida o una traba nueva que perjudique sus operaciones.

Esa realidad, sumada a la incertidumbre legal y la ausencia de incentivos claros, solo profundiza la desconfianza entre los actores económicos.

«La indecisión y el autoritarismo nunca son buena combinación, mucho menos en materia económica», afirmó otro emprendedor. «Sería mejor reconocer los errores y corregirlos con firmeza que mantener la incertidumbre y desorganización».