La Política de Transformación Digital, Agenda Digital Cubana y Estrategia de Inteligencia Artificial, presentada el 5 de junio de 2024 por el Consejo de Ministros, prevé un mayor control sobre los contenidos digitales y anuncia la intención del Gobierno cubano de generar materiales comunicativos que desalienten la migración.

Aunque el documento expresa el compromiso de «diversificar los espacios de crítica y debate en los medios de comunicación», establece más restricciones de contenido en un país ubicado en el puesto 172 a nivel global del índice de libertad de prensa, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.

La Política afirma que es objetivo primordial del país visibilizar discursos que «alimenten, fortalezcan y legitimen imaginarios positivos sobre el socialismo cubano y sus condiciones de posibilidad y necesidad». En consecuencia, las nuevas directrices en torno a la producción de contenidos afianzan el control y la censura establecidos en la Ley de Comunicación Social, que desconoce la prensa independiente y reafirma el poder del Partido Comunista sobre los medios de comunicación «fundamentales».

Entra en vigor nueva Ley de Comunicación Social, ¿qué esperar?

Más de un año pasó entre la aprobación de la Ley de Comunicación Social y su publicación en la Gaceta Oficial. ¿Cuáles son las principales restricciones y censuras que oficializa la normativa?

A propósito del análisis del documento, Jorge Legañoa, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, cuestionó en una emisión del programa televisivo Mesa Redonda que los usuarios cubanos consumieran contenidos que no eran de factura doméstica, sino producidos por grandes conglomerados. En palabras del funcionario, se trata de materiales «colonizadores» que atentan contra el sistema socialista.

Las declaraciones de Legañoa coinciden con la preocupación que deja entrever el Gobierno en la Política recién aprobada acerca del mayor éxodo que ha vivido la isla en las últimas décadas. Entre octubre de 2023 y mayo de 2024 arribaron 163 376 cubanos a Estados Unidos. Sin embargo, aunque el documento no realiza un reconocimiento claro de la problemática, orienta producir contenidos con el fin de «desmitificar» la experiencia migratoria y en particular la que tiene por destino EE. UU. —país que más cubanos ha recibido durante el éxodo masivo—.

El vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social insistió en que el teléfono celular no debía ser «un instrumento enemigo». Lo anterior es coherente con otra de las ideas contempladas en el texto y que anima a generar materiales que expongan «las lacras sociales que caracterizan a la sociedad capitalista, con énfasis específico en los males de la sociedad norteamericana».

El documento alude también a la necesidad de culminar la transición a la televisión digital, proceso iniciado en 2013 y que debía demorar una década, pero cuyo término no figura de forma explícita. Debido a la crisis económica, gran número de hogares en Cuba no han podido adquirir los equipos correspondientes, por lo que aun cuando la dirección del país sostenga «la voluntad» de materializar el apagón analógico, este puede tardar en concretarse.

Instituto de Información y Comunicación Social: el mismo perro con el collar más ajustado

El Decreto Ley 41 y la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, tras la disolución del ICRT, parecen el comienzo de la implementación jurídica de la «Política de Comunicación» en Cuba.

Otro de los objetivos del Gobierno es desarrollar el servicio de televisión por suscripción en lugares donde «las condiciones lo permitan», aunque no especifica requisitos al respecto. Lo anterior podría suponer el cobro por el acceso a contenidos audiovisuales, lo cual rompería con el modelo estatizado de televisión gratuita que ha imperado por décadas en Cuba.

En aras de mejorar la calidad de conexión a la red de redes, las autoridades aspiran crear un segundo punto de acceso a Internet por fibra óptica, además del cable submarino ALBA-1 —único que brinda servicios de Internet en la isla y que la conecta con Venezuela—. Se ignora si se trata del cable Arimao, que en diciembre de 2022 el monopolio estatal de telecomunicaciones, Etecsa, lo anunció como el futuro enlace entre la Mayor de las Antillas y Martinica, pero del que no ha vuelto a hablar.

En 2019 el Estado cubano había aprobado la política para el perfeccionamiento de la actividad legislativa, la cual sienta las bases de cómo y para qué se elaboran los documentos denominados «políticas». Desde entonces, se estableció que grupos temporales de trabajo formados por especialistas y presididos por la autoridad máxima de la institución vinculada a la temática de la futura legislación, serían los encargados de redactar documentos rectores aplicados a áreas de interés estatal.

En ese sentido, la Política de Transformación Digital, Agenda Digital Cubana y Estrategia de Inteligencia Artificial constituye un paso previo a la elaboración de normas jurídicas sobre el tema en cuestión. El texto incluye pautas relacionadas con la ciberseguridad, el Gobierno electrónico y el marco fiscal futuro para la industria y los bienes y servicios digitales.

Si te interesan los temas jurídicos puedes visitar nuestro proyecto elTOQUE Jurídico, en el cual encontrarás análisis y debates sobre las leyes, los derechos y los procesos jurídicos en Cuba. 

Síguenos también en Twitter: @eltoquejuridico