Varios activistas y medios de comunicación informaron el 24 de abril de 2025 sobre la excarcelación de Ernesto Borges, tras haber cumplido 27 años de prisión.

Pero, ¿quién es Ernesto Borges?

Ex capitán de la Contrainteligencia cubana, Borges fue arrestado en 1998 por intentar entregar a un contacto en la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos un listado con los nombres de 26 agentes que la Inteligencia cubana pretendía infiltrar en Estados Unidos y otros países, principalmente miembros de la OTAN.

Borges nunca llegó a entregar el listado. Sin embargo, fue juzgado y condenado por un delito de espionaje en grado de tentativa, es decir, por un delito que no llegó a consumarse.

Aquí vale una nota jurídica interesante: algunos podrían preguntarse cómo es posible sancionar penalmente un acto que nunca se concretó. La respuesta es que el espionaje —la entrega de secretos a servicios de inteligencia extranjeros— es severamente castigado en casi todos los sistemas legales. Y en muchos países, incluso los actos preparatorios —la planificación del delito, la acumulación de medios para ejecutarlo o la intención manifiesta de hacerlo— son suficientes para ser penalizados.

En el caso de Borges, el problema no está tanto en la legalidad de su sanción, sino en la severidad de la pena impuesta y en las condiciones a las que fue sometido durante su encarcelamiento.

Inicialmente, Borges fue condenado a pena de muerte por un delito de espionaje que, insistimos, no llegó a completarse. Su detención ocurrió justo cuando el régimen cubano impuso una moratoria —aún vigente— sobre la aplicación de la pena capital. Recordemos que un año antes, en 1997, Raúl Ernesto Cruz León colocó explosivos en hoteles de La Habana, provocando la muerte del turista italiano Fabio Di Celmo. Cruz León, al igual que Borges, fue condenado inicialmente a muerte, pero luego su pena fue conmutada a 30 años de prisión, coincidiendo con la entrada en vigor de dicha moratoria.

Todo parece indicar que ese precedente favoreció también a Borges, cuya condena fue finalmente conmutada a 30 años, igual que la de Cruz León.

La pena de muerte está ahí

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular, hizo declaraciones sobre la pena de muerte que han preocupado a determinados sectores de la población cubana.

Y si hablamos de coincidencias, hay una más: Cruz León fue liberado en 2024, exactamente un año antes de la excarcelación de Ernesto Borges.

El caso de Ernesto Borges, al igual que el de muchos otros presos cubanos, no se reduce a su juicio o a la severidad de su condena. El verdadero drama comenzó después, durante los largos años de encierro. Borges denunció haber sido sometido a condiciones extremas: largos períodos de aislamiento, restricciones para recibir visitas y la negativa sistemática a acceder a beneficios penitenciarios como la libertad condicional o los pases temporales.

La legislación cubana preveía que los condenados sin antecedentes penales podían aspirar a la libertad condicional tras cumplir un tercio de su sanción. En el caso de Borges, esto significaba menos de diez años, ya que en Cuba los años de prisión se contabilizan como periodos de diez meses, no de doce. Sin embargo, Borges nunca accedió a ese derecho.

Su padre relató que, en un intento por aliviar su situación, acudió al ya fallecido Cardenal Jaime Ortega, quien se comprometió a interceder ante Raúl Castro. La respuesta de Castro fue clara: los reclusos militares eran asunto exclusivo suyo, y solo él decidía quién recibía beneficios y quién no.

El caso de Borges recuerda otros similares, tanto anteriores como posteriores, como los de Rolando Sarraf Trujillo y Jorge Frank Iglesias.

Rolando Sarraf Trujillo, exoficial de comunicaciones de la Contrainteligencia Militar, fue arrestado en 1995. Más tarde, el presidente Barack Obama lo describió como uno de los agentes más valiosos que Estados Unidos había tenido en Cuba. Sarraf Trujillo fue liberado como parte del canje de prisioneros entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, que también incluyó a Alan Gross y a tres de los cinco miembros de la red de espionaje Avispa, desmantelada precisamente gracias a las filtraciones del propio Sarraf Trujillo.

En el caso de Jorge Frank Iglesias, también exoficial de la Seguridad del Estado, fue condenado en 2015 a 25 años de prisión por espionaje. Según versiones oficiales, Iglesias habría advertido a un ciudadano alemán sobre una operación encubierta en curso, lo que habría frustrado un intento de arresto contra un ciudadano estadounidense y una cubanoamericana que se encontraban de visita en la isla. Actualmente, Jorge Frank sigue preso en la cárcel de Guanajay.