A varias semanas de que fueran formalmente autorizadas, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) en Cuba, su implementación está aún en la fase de proyectos. Si consideramos los cambios legislativos y tributarios que implica, resulta lógico anticipar que seguirán siendo un deseo antes de que termine 2020.

Unos cuantos meses de espera no pueden compararse con los más de 25 años en que las mipymes se mantuvieron como la ‘gran’ opción inexplorada por las sucesivas oleadas de reformas económicas emprendidas desde comienzos de la década de 1990, a pesar de los reclamos de distintos sectores sociales.

Mientras desaparecían los tabúes sobre el dólar o la inversión extranjera, y se llegaba al punto de establecer vínculos con empresarios estadounidenses, la posibilidad de fundar un negocio privado se ha mantenido vedada a los cubanos.

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Para encontrar antecedentes del reconocimiento a las mipymes no hay que remontarse demasiado en el tiempo. El 7 de mayo de 2020 el diario Granma la emprendía contra los pequeños emprendimientos, al considerarlos un peligro para el sistema social del archipiélago. “Nada se dice sobre la procedencia de las inversiones [para las mipymes…]; llama poderosamente la atención que estas razones se limiten a los aspectos económicos, sin mayores preocupaciones por los demás factores —culturales, ideológicos, políticos, geopolíticos e históricos— que están imbricados en el tema económico de un país”, reflexionaba Carlos Luque Zayas Bazán,  el autor.

A pesar de su discreto currículo teórico —limitado a algunas publicaciones en ese rotativo, en Cubadebate y en blogs oficiosos como La pupila insomne—, el Órgano Oficial del Comité Central del Partido no tuvo reparos en asignarle una de las ocho páginas correspondientes a la edición del día.

El artículo de Luque Zayas-Bazán motivó una breve pero encendida polémica, alimentada por el temor de que representara una suerte de “oposición de izquierdas” dentro de la nomenclatura estatal-partidista. Al brindar su interpretación del texto, el economista Pedro Monreal consideró que expresaba una “preocupación originada […] en relación con el control de los recursos nacionales, incluyendo los ciudadanos”. El pretendido establecimiento de mipymes “implicaría una redistribución concreta y real del control de las actividades que los censores perciben como una ‘pérdida’ de poder”, observó.

La discusión en torno a las mipymes ha sido prolongada; sobre todo si se tiene en cuenta que el “marco político” para su existencia había sido promulgado en abril de 2016, durante el VII congreso del Partido Comunista. La “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista” reconoció la validez de los “pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia”, y de las “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad y la cantidad de trabajadores”.

En el mismo encuentro el primer secretario del Partido, Raúl Castro, fue incluso más explícito, exhortó a “llamar las cosas por su nombre y no refugiarnos en ilógicos eufemismos para esconder la realidad […]. El incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de trabajo ha conllevado, en la práctica, a la existencia de medianas, pequeñas y microempresas privadas que hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica”.

Sin embargo, poco o nada se hizo luego de que se apagaran las luces del plenario. A la vuelta de cuatro años cuesta creer que las reglas del juego hubieran cambiado en un escenario económico menos comprometido que el actual. De hecho, en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2019, la posibilidad más cercana en el tiempo para una probable reglamentación de las mipymes se prevía solo hacia abril de 2022, como parte de la nueva Ley de Empresas.

Una concesión incómoda

A poco de que el Gobierno anunciara su “Estrategia económico-social para el impulso de la Economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19”, el economista Julio Carranza compartió un artículo que en 1996 había redactado junto a Pedro Monreal y Luis Gutiérrez Urdaneta. El texto, censurado en ese entonces, pretendía formar parte de un volumen que preparaba la Editorial Ciencias Sociales.

“La polémica y la discusión que se dio en ese momento con el CEA [Centro de Estudios sobre América] impidió la publicación de este artículo en Cuba”, señaló Carranza. Su premisa puede resumirse en el siguiente párrafo:

“No puede desconocerse que los llamados desde el exterior a fomentar la pequeña y mediana empresa en Cuba no siempre se basan en observaciones ‘técnicas’, y con frecuencia persiguen el objetivo de introducir un agente de cambio que podría convertirse en el futuro en un elemento antisistémico […]. Sin embargo, las anteriores observaciones no deben conllevar a desvalorizar la pequeña y mediana empresa como opción posible e incluso necesaria”.

Las ideas que planteaban los académicos un cuarto de siglo atrás pudieran resultarle familiares al cubano de estos tiempos. En el acápite relativo a la gestión de la propiedad defendían la pertinencia de opciones como el arrendamiento de locales y medios de trabajo, la concesión de estos o la firma de contratos de administración. En cuanto a las relaciones entre entidades públicas y privados, su conclusión fue que ningún fundamento lógico impedía establecerlas dentro de un marco de regulaciones fiscalmente verificable.

“El socialismo no debe asumirse como un sistema de características ‘inmaculadas’. Confundir el modelo de construcción socialista con la prefiguración del futuro al que se pretende llegar en el muy largo plazo es una limitación para transformar el presente”, resaltaban los académicos.

En el ámbito de la economía no estatal ese cambio de política tuvo efectos telúricos. Luego de analizar los datos aportados por Carranza, Gutiérrez y Monreal, y ver un reporte para la Brookings Institution del economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva, es posible reconstruir el errático comportamiento estadístico del sector durante la ventana temporal que va de 1989 a 2009.

En ese período el número de cuentapropistas escaló de 25.200 a 208.500 (a fines de 1995) para volver a caer hasta un mínimo de 138.000 en 2007. No fue hasta la reforma legislativa de 2010 que la fuerza laboral empleada fuera de las nóminas del Estado igualó los registros de la última década del siglo pasado, e inició la tendencia de crecimiento que la llevó a cerrar 2019 con cerca de 620.000 inscriptos en los registros de la Administración Tributaria.

“La ampliación del trabajo por cuenta propia fue más bien considerada un ‘retroceso’ en la esfera de la propiedad”, plantea el artículo del CEA de 1996. Al enumerar las causas de recelo oficial, los investigadores otorgaron un valor determinante a “los altos niveles de ingresos […] del sector privado [… que] han constituido una contratendencia de la política de distribución igualitaria del ingreso […] y contribuido a una percepción políticamente negativa del autoempleo, y a su admisión, cuando más, como un elemento coyuntural”.

La dificultad para completar los 2.000-2.500 millones de dólares de inversión extranjera directa, calculados como imprescindibles para sostener los planes de desarrollo anual de la Isla, obliga hace tiempo a abrir otros canales para la incorporación de activos a la Economía nacional. Dos caladeros naturales deberían haber sido los fondos de la comunidad emigrada y de la incipiente clase media local. Pero las disposiciones legales para permitirlo no han entrado en vigor, y todavía a comienzos de este año 2020 las autoridades insistían en la cautela.

“Hay procesos que están muy interrelacionados y una matriz de relaciones entre diferentes procesos no se soluciona con un golpe ni con una decisión”, respondió en enero el presidente Díaz-Canel, a una pregunta de la agencia española EFE sobre la posible aplicación en Cuba de experiencias china-vietnamitas.

Para que el acuerdo del VII Congreso llegara a la agenda del Consejo de Ministros —que no a la de la Asamblea Nacional— hizo falta una pandemia. Así que unos cuantos meses entre el anuncio formal y las primeras inscripciones de empresas privadas no parece demasiado tiempo de espera; al menos según los estándares cubanos.

 

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