La naturaleza totalitaria y antidemocrática del Estado cubano cerró, desde hace décadas, el espacio de participación política para la mayoría de los ciudadanos de la isla y su diáspora. En Cuba, son escasas las vías para emprender acciones legales o políticas desde el pueblo, desde abajo. Cualquier iniciativa surgida al margen —o en contra— de la hegemonía del Partido Comunista enfrenta la reacción negativa del aparato gubernamental.

En un país en el que el poder crea y tuerce las leyes a su conveniencia, varias organizaciones y activistas reunidos en el Frente Democrático de Concertación (D Frente) apuestan por el camino cívico para impulsar el cambio. El doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada explicó, en diálogo con elTOQUE, que abogan por «el avance o la transición hacia un sistema político y socioeconómico democrático, hacia una República independiente, con soberanía popular, sin intervención de potencias extranjeras, manteniendo los principios de realización de los derechos humanos, el pluralismo político, y también la restauración o la construcción de un Estado de derecho en Cuba (…) que verdaderamente permita que las instituciones funcionen, que haya transparencia administrativa, política, y control ciudadano sobre las políticas públicas».

Con su estrategia, D Frente pretende tensar al máximo las limitadas formas de participación popular reconocidas en la Constitución y en la Ley 131 de «Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado».

El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo destaca en un video de la campaña que «los ciudadanos cubanos pueden emprender ocho acciones legislativas o constitucionales», para las cuales es necesario obtener un certificado validado por el Consejo Electoral Nacional (CEN). Se trata de «un requisito insoslayable», subraya Ferrer.

Con este fin, un grupo de activistas ha solicitado la certificación acreditativa de la Condición de Elector. Según afirma D Frente en un comunicado, ese primer paso «podría servir para realizar solicitudes de derogación de disposiciones normativas, o partes de ella, tales como la eliminación de la pena de muerte, la derogación del Decreto 217 [que regula la emigración interna a La Habana], de las partes inconstitucionales del Decreto Ley 349 (…), y poder presentar iniciativas como la ley integral contra la violencia de género o el proyecto de ley de amnistía [para presos políticos] y despenalización del disenso».

Las acciones son:

Según la Ley 131 Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba. Las acciones requieren contar con la certificación validada por el Consejo Electoral Nacional que acredite la condición de electores.

El historiador Manuel Cuesta Morúa, fundador de Arco Progresista, dijo a elTOQUE sobre el camino para concretar las iniciativas legislativas: «Hemos hecho una serie de acciones que agrupamos en una estrategia en la que está participando un número creciente de organizaciones. Lo hemos llamado ofensiva legislativa y buscamos activar, en la práctica y en los hechos, a la ciudadanía, mostrando cosas que se pueden hacer y que hemos hecho».

Resulta inevitable preguntar si en el contexto cubano son viables iniciativas como las propuestas por el Frente Democrático de Concertación para estimular la participación ciudadana, mientras se utilizan las leyes que el poder establece.

«Se trata de una discusión muy viva desde hace muchos años y realmente no hay una sola respuesta», admite Fernández Estrada.

El jurista agrega que «hay personas, corrientes de pensamiento político, jurídico, filosófico, del activismo, que consideran que desde cualquier ámbito jurídico lo que se está haciendo es, en todo caso, desviar la atención a lo que el activismo debería dedicarse, que es a mover o a tener influencia directa en la institucionalidad, en los problemas políticos concretos, (…) en las injusticias sociales; tratar de activar la resistencia, formas de influencia directa en la población desde movimientos sociales, desde los colectivos, desde lo individual con desobediencia cívica, desde prácticas de manifestación, de ocupación de espacios públicos, de uso de las libertades de expresión, de asociación, de manifestación».

En cambio —prosigue Fernández Estrada—, «otras corrientes consideran que el Derecho también tiene características de modificación del statu quo político, de transformación, al ser un producto de la cultura de un momento determinado y ser expresión de una contradicción entre la hegemonía estatal y la sociedad civil».

Según el profesor universitario, «el Derecho nunca puede verse solamente como maquinaria o como expresión de dominación política-ideológica», sino que «también tiene características de pluralismo, de diversidad cultural, de expresión de contradicciones sociales y, por lo tanto, se puede poner el Derecho del Estado contra él mismo, y evidenciar las injusticias, las deformaciones [del sistema]».

De acuerdo con Fernández Estrada, utilizar los resquicios de la estructura «no significa aceptar su legalidad, sino partir de un orden para controvertirlo». El Derecho como sistema normativo «tiene la posibilidad de que, incluso en ambientes como el nuestro, en el que el Estado de derecho es fallido o inexistente, todavía es útil para el entrenamiento cívico, para que una población desdibujada en lo político, institucional y en la participación pueda reactivar las motivaciones», destaca el jurista.

Reglas del juego

La condición de poseer un certificado de elector para participar en iniciativas legislativas populares no deja de ser un «filtro» que Fernández Estrada considera «inconstitucional». Las autoridades cubanas «le han quitado importancia al elemento de la ciudadanía para poner una “residencia efectiva” [en la isla] como vínculo con el Estado. Por eso hay que pedir un certificado de elector al Consejo Electoral Nacional, cosa que no debería ser», agrega.

«Lamentablemente en el contexto político y jurídico actuales, no basta con ser ciudadanas y ciudadanos: lo somos quienes tenemos el pasaporte, pero no tenemos derechos políticos porque nos están pidiendo otro tipo de filtro. Es una trampa que hay que poner en evidencia y hay que pedir esos certificados», dice Julio Fernández.

D Frente, una iniciativa por la conciliación y la democracia en Cuba

D Frente es una nueva iniciativa que trata de coordinar esfuerzos, pero nace con cuestionamientos de la ciudadanía y grandes retos.

El jurista también reconoce: «frente a un Estado de derecho fallido o inexistente es muy difícil tener éxito porque hay muchas trampas en el camino. El Estado tiene el poder absoluto y, antes que él, el Partido. Los Tribunales y la Fiscalía General de la República están controlados. Está controlada la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Es decir, estamos hablando de unas pinzas difíciles de romper, pero hay muestras también de que el Estado, el Partido y la administración pública se ponen en una tensión grande cuando tienen que responder o presentar pruebas políticas, jurídicas, históricas, documentos escritos. Estamos en una era diferente. Ahora hay pruebas de todo, hay directas [en redes sociales] todo el tiempo, miles de periodistas trabajan a la vez, (…) hacen reporterismo de todo tipo. Es un escenario en el que el Estado no tiene la última palabra».

Julio Fernández Estrada opina, además: «el Derecho es un mecanismo más, un universo más que hay que aprovechar. No podemos sencillamente dejarnos llevar por la idea de que en el totalitarismo no se puede hacer nada».

Por su parte, Cuesta Morúa señala que el régimen de La Habana «trata de aparentar que cumple con determinados derechos ciudadanos, necesita vender a los cubanos y al mundo que en el país hay ciertas normas para respetar a la ciudadanía y los derechos fundamentales. Los ciudadanos deben utilizar la narrativa con la que se viste el régimen totalitario para aparecer como un Estado de derecho que no es».

El intelectual disidente cree que, «a partir de lo que reconoce la ley, la ciudadanía tiene una vía para tensar el sistema político y abrir un espacio cívico. Se pueden construir procesos de democratización», más allá de «la cultura del cambio inmediato» que, según Morúa, predomina entre los cubanos.

Precedentes y retos

Un antecedente importante de las acciones cívicas es el Proyecto Varela, la iniciativa legislativa popular más relevante que se ha tratado de impulsar en Cuba después de 1959. Estuvo respaldada inicialmente con la firma de 11 020 cubanos y fue presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 10 de mayo de 2002, por activistas del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), liderado por Oswaldo Payá Sardiñas (1952-2012).

La propuesta para la democratización del país incluía la petición de una consulta popular, la concesión de mayores espacios para la iniciativa privada, una amnistía, una ley electoral y elecciones libres. Sin embargo, el Proyecto Varela «fue bloqueado por todas partes, fue reprimido, no llegó a discutirse en la Asamblea Nacional como debió ser habiendo cumplido los requisitos», recuerda Julio Fernández Estrada. 

Según Manuel Cuesta Morúa, «en un régimen totalitario como el cubano» la cifra de firmas establecida legalmente «no es suficiente para impulsar o abrir una determinada opción, solo tiene la capacidad de legitimar la acción cívica fuera de la visión del Estado totalitario. De la cifra legal se debe pasar a una cifra política, mayor, para legitimar la acción fuera de la hegemonía del Partido Comunista».

El historiador señala que entre lo propuesto por el MCL hace dos décadas y las iniciativas legislativas que impulsa D Frente hay una diferencia contextual: «Cuando el Proyecto Varela, la mayoría del país estaba de espalda a la sociedad civil, hoy la mayoría de la sociedad está de espaldas al Estado y ahí hay un espacio para actuar. Es un desafío y un reto para la sociedad civil llenar ese espacio, tratar de conectar con las personas y tener opciones para impulsar cambios en distintas áreas fundamentales. Creo que se puede avanzar bastante».

Oswaldo Payá y Harold Cepero: la CIDH responsabiliza al Estado cubano por sus muertes

La CIDH indicó tener «indicios serios y suficientes» que involucran a «agentes estatales» con el choque automovilístico en el que perdieron la vida Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Julio Fernández Estrada apunta: «estamos en un contexto en el que la ley que existe no nos basta, no nos sirve, no es justa. Pero hay que enseñarle al Estado que no estamos con la cabeza baja, que queremos otra ley y otra justicia, que hay una institucionalidad alternativa que se puede fundar. Siempre es mejor hacerlo por ese camino, antes que por uno en el que nada importe, en el que la violencia y la venganza sean la regla, en el que se reproduzcan los mecanismos de dominación que el Estado practica hoy».

D Frente se propone impugnar las leyes y disposiciones normativas cubanas que considere inconstitucionales y contrarias a los derechos humanos. Aunque los resultados puedan ser inciertos, Manuel Cuesta Morúa y Julio Fernández Estrada defienden el gesto de lanzar «señales» a la ciudadanía y al Estado de que hay personas pensando y trabajando en alternativas al statu quo.

«No se puede decir que se trata del ombligo del activismo ni del centro de lo único que se puede hacer. Es algo más y es imprescindible —según mi criterio—. No podemos abandonarlo porque nuestra misión tiene que ser también reactivar la práctica cívica, el ejercicio de la confianza en la movilidad de la sociedad civil», afirma Fernández Estrada.

Entre los retos de las iniciativas impulsadas por D Frente enfocadas en la acción legislativa está el precario contexto social y económico cubanos. En medio de la actual agudización de la crisis, el país parecería inhóspito para el desarrollo de estrategias que apuntan a resultados a largo plazo.

«El sistema vive de la represión, del control político ideológico y vive del estado de depauperación de la vida material del pueblo cubano. Sin ese estado de depauperación, la gente pudiera ser mucho más activa, pero hay que entender que en Cuba se sobrevive», señala Fernández Estrada. Para el profesor universitario, «la crisis de la vida material cubana no es un accidente, sino que es consustancial al totalitarismo y es necesaria para el control ciudadano: el sistema necesita la crisis para moverse normalmente como un régimen de lucha contra emergencias y situaciones excepcionales».

Sin embargo, los «enemigos del Estado» —apunta Fernández Estrada— «siguen siendo la democracia, el Estado de derecho, la República y, por lo tanto, el pueblo mismo, el soberano». Por esa razón, el jurista defiende que se use la legislación vigente para erosionar como se pueda el sistema opresor que «apuesta por la pobreza y por el exilio» para permanecer en el poder.

«Hay que dar esperanza hacia dentro del país de que cambiaremos el sistema, todo el mundo halando para un mismo lado (…). Llegará el momento en el que la gente podrá escoger su militancia, pero ahora tenemos que pasar por el momento en el que las diferencias no son tan importantes».

«Por eso no hablo del tipo de Partido en el que me gustaría militar, sino del país en el que quisiera que todo el mundo viviera para que allí tenga sentido mi alternativa. Pero no es que mi alternativa sea la única solución, porque eso va contra la libertad y contra las urgencias del pueblo cubano», concluyó Julio Fernández Estrada.