«Con la denuncia la expectativa era solamente esa, denunciar. Que se supiera que este hombre tiene un modus operandi: usa su estatus de amigo, persona religiosa, trovador, cualquiera de estas esferas para atraer mujeres en momentos sensibles. La hicimos justo con ese fin, para que se conociera que él lo hacía; para alertar a potenciales víctimas», relata Liliana H. Balance, cantautora que ha iniciado un nuevo me too en Cuba.

En diciembre de 2021, el medio independiente El Estornudo publicó el artículo «Cinco denuncias de abuso sexual contra Fernando Bécquer». Esta fue la primera puerta de acceso a la justicia que encontraron cinco mujeres, entre las que se encontraba Liliana. Luego se sumaron al menos otros 20 testimonios en trabajos periodísticos de otros medios independientes. Los hechos relatados abarcan más de dos décadas y presentan una forma de actuar muy similar.

Varias de las sobrevivientes y quienes las acompañan se han unido en un grupo nombrado Juntas, para apoyarse y encontrar caminos propios o colectivos de justicia.

Apenas 24 horas después de la aparición del artículo, el Consejo de Ministros publicó en la Gaceta de la República la «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar». El documento, sin rango de ley, es actualmente la principal referencia del protocolo gubernamental para la justicia a las víctimas de violencia de género en Cuba. Este pondera al menos cuatro principios esenciales: acompañamiento, garantías de no revictimización, reparación y no impunidad.

¿Cómo se han comportado estos principios para las denunciantes de Fernando Bécquer?

Derecho a acompañamiento

«Yo no busqué apoyo. Yo no lo había digerido como abuso, me había zafado del episodio y me burlaba de sus intenciones. Reaccioné cuando supe que Lili estaba profundamente afectada y decidí acompañarla ofreciendo mi testimonio, hasta que lo vi publicado no sabía las similitudes de nuestros casos, y el de tantas», recuerda Claudia Expósito, productora audiovisual, quien también integra el grupo de las primeras cinco denunciantes.

El acompañamiento es esencial para víctimas y sobrevivientes, aunque no siempre identifiquen esta necesidad. Además de las secuelas emocionales, sociales y físicas, deben enfrentar un proceso engorroso y la mayoría de las veces revictimizante para obtener justicia. Por tanto, los servicios de atención (psicológica, legal, social) deben estar disponibles y accesibles.

En la isla, hasta noviembre de 2021, los principales espacios estatales o reconocidos por la institucionalidad cubana para orientar, contener y apoyar a las mujeres afectadas por la violencia machista se encontraban en el occidente del país, y no cuentan con una amplia difusión de sus servicios y horas de atención entre la ciudadanía.

Entre estos figura el Centro Oscar Arnulfo Romero y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), ubicados en La Habana, y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en Matanzas. En la región oriental del país, se encuentra el Centro Cristiano Bartolomé G. Lavastida, en la provincia Santiago de Cuba.

Por otra parte, el 5 de noviembre de 2021 se anunció la apertura de Consejerías para el Tratamiento a la Violencia, con sede en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia que tiene la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en cada municipio del país.

Acorde a la información brindada a los medios estatales, estos espacios contarán con equipos multidisciplinares, médicos, psicólogos, juristas, pedagogos y otros profesionales. Esto supone una estructura con mayor especialización, aunque con similar misión. Si bien las Casas de Orientación tenían entre sus funciones declaradas la atención a la violencia basada en género, en especial la de pareja, su efectividad es cuestionada por la ciudadanía y las activistas feministas.

En diciembre de 2020, el Gobierno también habilitó la línea 103 para un servicio de orientación y apoyo psicológico a casos de violencia de género. Para diciembre de 2021, al tiempo que salían los primeros relatos, reportes ciudadanos alertaban que el servicio ya no estaba disponible. En los últimos días, un equipo de elTOQUE intentó comunicarse; pero nadie ha respondido las llamadas.

La escritora Elaine Vilar Madruga interpuso el 11 de diciembre la primera denuncia policial conocida contra Bécquer por abusos sexuales. En su testimonio a la revista estatal Alma Mater relata que aunque las primeras asesorías las recibió de personas, también contó con el acompañamiento de la Comisión de Género y Feminismo de la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) y de la FMC. Un reportaje de OnCuba refiere que al menos otra mujer también ha contado con el apoyo de esta última organización.

Sin embargo, esta no ha sido la experiencia de todas las mujeres que han brindado su testimonio para el caso.

«Los servicios de acompañamiento en Cuba, los institucionales, no son accesibles para todas las víctimas. Si te fuiste del país perdiste ese derecho. Lo he visto todo el tiempo desde que salió la noticia. Nadie se ha interesado por las sobrevivientes fuera de allí —de la isla—», asegura Liliana, quien emigró hace varios años.

Hasta el cierre de este reportaje, la única indicación que habían recibido quienes se encuentran fuera de Cuba, y no de forma directa, fue que escribieran a la dirección de correo electrónico de atención a la población de la Fiscalía. Acorde a Liliana, allí debían enviar su acusación escrita en primera persona y luego en tercera, pero ninguna recibió respuesta.

Las redes feministas

Los me too cubanos han articulado el activismo feminista para realizar un acompañamiento que muchas mujeres no encuentran en las instituciones estatales. Así surge la Plataforma de Apoyo a Personas Afectadas por la Violencia de Género Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTC), creada tras el testimonio de Dianelys Alfonso, Diosa de Cuba, en 2019, y la única de su tipo en el país. En el caso de Bécquer, la Línea de Apoyo de YSTC solo ha acompañado a una de las mujeres, quien ha decidido no denunciar y concentrarse en su recuperación.

Aunque muchas como Liliana no han contado con una asesoría legal específica, el grupo tiene el apoyo de varias activistas feministas que han contribuido a su unidad.

«Sentir que te respaldan, te ayudan y te educan para entender qué decir y cómo hacerlo para que no te revictimicen más… O para que puedas manejarlo con más calma, porque siempre habrá quien lo haga. Ha sido muy importante tener el acompañamiento y la hermandad de mujeres maravillosas», asegura la trovadora.

Imagen compartida en redes sociales como apoyo a las denunciantes.

Paula Andrea Ramírez, especialista en gestión ambiental y desarrollo sustentable, asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte del trovador en 2006. Los hechos denunciados ocurrieron en Colombia, su tierra natal, aunque actualmente reside en Argentina. Las condiciones específicas de su caso —territorialidad y tiempo— colocan otros desafíos al acceso a la justicia. 

A diferencia de otras denunciantes, Paula ha contado con un apoyo especializado diverso: desde el colectivo Juntas y de activistas feministas cubanas, y desde el Gobierno argentino representado por el equipo interdisciplinar del interior de la provincia de Buenos Aires, que es parte del programa Acercar derechos. «Yo nunca he estado sola en ningún espacio», dice.

El no estar sola la ha ayudado a seguir buscando su alternativa individual de reparación.

«Para mí lo más difícil fue reconocerme dentro de esos testimonios —los recogidos en la primera publicación de El Estornudo— y entender que había sido víctima de un delito de abuso sexual. Cuando lo procesé y compartí, la respuesta de mis amigas fue: denuncia. En Argentina eso lo tenemos muy claro, gracias a la lucha del movimiento feminista, la consigna es denunciar siempre, por más que sabemos que la justicia no tiene los canales suficientes, que siempre te van a poner trabas», dice.

Mientras buscaba cuáles eran las vías para asentar su caso, contactó con otras mujeres que habían sufrido lo mismo. «Acá no podemos hablar de justicia individual. Para mí desde el primer momento fue algo de todas». Esta percepción fue determinante para la forma en que decidió gestionar su proceso de justicia.

Paula siente que ser parte de la red de apoyo y contención de otras mujeres víctimas de abuso sexual la ayuda a enfrentar mejor la sensación que le provoca la impunidad percibida.

Articulación y acceso

En la experiencia de YSTC, el acompañamiento en Cuba es vital para ayudar a las víctimas y sobrevivientes a derribar todas las barreras y escollos que presenta el proceso penal en el que puede encontrarse morosidad injustificada, revictimización por malas prácticas y otras deficiencias del sistema.

Lamentablemente, la actuación de la plataforma «se ve limitada a ayudar a las acompañadas a presentar quejas ante la Fiscalía, a insistir ante las autoridades para que se tramite de manera correcta la denuncia y el proceso en general; esfuerzos que en muchos casos solo logran que en esta lucha las mujeres sean revictimizadas y maltratadas por los funcionarios y autoridades que deberían defenderlas y garantizarles protección», aseguran.

La criminalización del activismo feminista independiente en Cuba es uno de los obstáculos para prevenir y atender la violencia de género que, como ha demostrado la experiencia internacional, necesita una fuerte articulación entre Estado y sociedad civil.

También lo confirma la experiencia de Paula. «Para mí no hubiese sido suficiente, más porque estoy fuera, contar solo con el ministerio argentino si no estaban unas feministas organizadas en Cuba». Para ella es importante que exista un movimiento independiente a las estructuras gubernamentales que brinde otro tipo de contención. 

«Ese feminismo organizado de manera independiente de las instituciones es el que nos da la fuerza, el que nos sostiene en la raíz. Y luego vienen esas otras instituciones, los poderes del Estado, a ayudar a que logremos lo que necesitamos, que es la justicia y la reparación».

Marta María Ramírez es periodista y activista feminista, con experiencia de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista. También ha estado presente en el caso Bécquer. Desde estas vivencias, habla de lo que supone para las mujeres que una parte importante de la sociedad civil tenga que funcionar de forma prácticamente clandestina.

«Esa es una gran limitante, el no poder estar ahí. Cuando ves procesos similares en la región, las activistas feministas han podido tener incluso acceso a la justicia, o sea testificar, organizar conferencias de prensa, denunciar públicamente como parte de la ciudadanía activa y de la sociedad civil», ejemplifica.

La desconexión entre la institucionalidad y el activismo independiente no solo supone mayor exposición y límites en el acceso. También ha dificultado que las redes de apoyo se puedan activar y, como afirma la periodista, sin estas redes menos mujeres podrán dar su testimonio porque es difícil hacerlo. Necesitan un acompañamiento que no están recibiendo de las estructuras estatales, al menos no de forma universal y equitativa.

«O sea, han secuestrado un asunto que no les pertenece única y exclusivamente como instituciones. Deberían estar ahí, deberían estar acompañando, deberían dar su apoyo. Pero a la vez, deberían permitir también que se genere un movimiento. El me too no es un hashtag, es un movimiento creado por una mujer para acompañar a otras mujeres en situación de violencia», considera Marta María.

Otro de los obstáculos identificados por la activista es la falta de transparencia en los procesos: «Dificulta mucho la manera en que podemos acompañar a las mujeres. No sabemos qué es lo que está sucediendo, porque a veces ni siquiera las propias mujeres sobrevivientes, denunciantes, lo saben».

Pero quizá el mayor problema que deben enfrentar quienes acompañan es la violencia institucional e individual a la que se exponen sin garantías de seguridad. «Que estés acompañando a una mujer en situación de violencia, y te escriba su victimario y te diga que dejes de hacerlo… para mí eso es un delito», ejemplifica Marta María, quien desde su perfil personal en Facebook ha expuesto varios de los mensajes violentos recibidos.

Desde los perfiles «Elbecquer Decuba», «Fernando Bécquer» o «Rolando Ramos», se ha acosado a las víctimas y a sus redes de apoyo. El hostigamiento recibido en mensajes privados de Facebook fue reportado ante la Oficina de Seguridad de Redes Informática (OSRI). Sin embargo, las denunciantes no tuvieron la respuesta que esperaban. «Solo nos dijeron que bloqueáramos y reportáramos los perfiles. Cuando pedimos el número bajo el que se había archivado la denuncia, no tuvimos respuesta», comenta la periodista que estuvo entre las denunciantes.

Captura de la denuncia compartida en su perfil de Facebook por la periodista Marta María Ramírez.

Por otra parte, la mediatización y una mayor exposición pública ha caracterizado los me too, dejando abierta la pregunta ¿qué responsabilidad tienen los medios en el acceso a la justicia de las víctimas?

Para la psicóloga feminista Lilian Rosa Burgos, es favorable y necesario que antes de que las mujeres cuenten sus historias y salgan publicadas, dispongan de apoyo legal y psicológico.

Pone de ejemplo a Paula, cuyo equipo del Gobierno argentino asesoró en todo momento sobre qué compartir y cómo proteger su historia, un acompañamiento favorable para hacer avanzar su caso legal y para que ella se sienta bien emocionalmente. 

«¿Qué pasa con la denuncia pública si no es acompañada? Que tocas una llaga y sangra, y si después no sabes qué hacer, eso es revictimizante. No es lo mismo cuando tienen asesoramiento legal y acompañamiento psicológico, son conscientes del peso que puede tener cada frase, cada palabra y es una elección», explica Lilian Rosa.

Similar posición presentan las activistas de YSTC, entrevistadas de forma virtual: «La principal lección es para los medios de comunicación, que deben tener una estrategia de protección y consulta legal antes de sacar un trabajo investigativo de este tipo. La propia Línea de Apoyo a Personas Afectadas por la Violencia de Género de YSTC se encontraba cerrada en el momento de la salida del primer reportaje», comentan.

Entre los momentos más duros, Liliana señala precisamente el de entregar su testimonio. «Recuerdo que fueron muy difíciles los días previos a la entrevista de El Estornudo porque tuve que hacer memoria de muchas cosas que había enterrado a propósito… no es fácil ni es saludable revisitar ciertas memorias».

El periodista Mario Luis Reyes, quien realizó las dos investigaciones publicadas en El Estornudo, coincide en la necesidad de que las víctimas puedan contar con acompañamiento psicológico. Desde su perspectiva, la principal responsabilidad de brindar el servicio es de las instituciones públicas, como puede ser el Ministerio de Salud Pública, que por demás tienen los recursos para hacerlo.

En los días posteriores a la salida del primer reportaje, Mario recibió cientos de mensajes entre nuevas denuncias y ofrecimientos de ayuda. Ninguno de estos mensajes llegó desde una organización estatal.

«Es importante que nos reconozcan como interlocutores legítimos a los medios independientes y a las plataformas feministas que hacen públicas las denuncias», dice Mario para quien este paso es esencial cuando se trata de acceso a la justicia de las víctimas.

Por otra parte, apunta la necesidad de consolidar alianzas entre las plataformas feministas y los medios de comunicación cuando se abordan estos temas, cada parte desde su rol y experiencia. La articulación puede incluso generar espacios de formación mutua y de contención para los periodistas que necesiten este tipo de apoyo.

Contar con el acompañamiento apropiado es esencial para el acceso a la justicia. Sin embargo, la poca disponibilidad de estos servicios no es la única limitante que encuentran las mujeres que buscan alguna forma de reparación.

La segunda parte de este reportaje profundiza en las experiencias de revictimización y en los límites de la justicia penal en Cuba. 

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