El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) aprobó nuevas medidas que refuerzan la bancarización en el sector comercial cubano. La Resolución 15/2025, publicada en la Gaceta Oficial el 8 de mayo de 2025, actualiza el marco legal anterior con el objetivo de lograr el «saneamiento financiero del Comercio» y «no generar nuevas cadenas de impagos».
La normativa refuerza el uso obligatorio de medios electrónicos en la actividad comercializadora —transferencias bancarias, tarjetas de débito o crédito— en casi todas las transacciones entre empresas mayoristas y minoristas. También mantiene el pago electrónico al momento de la entrega de productos liberados —alimentos, cigarros, tabacos y fósforos— entre empresas minoristas y mayoristas, una disposición que ya figuraba en la Resolución 24/2022.
Aunque la resolución dispone que la nueva medida incluye solo a las empresas estatales, se afectarán por igual las mipymes y personas naturales que mantengan relaciones con entidades gubernamentales. En esos casos, se asumirá el pago electrónico como única forma de pago.
A diferencia de la regulación anterior (que exceptúa los productos de aseo de la obligatoriedad del pago electrónico), la nueva medida establece que solo estarían exentos los productos normados o los destinados a la venta a plazo.
Con la entrada en vigor de la Resolución 15, los términos y condiciones deben quedar expresamente pactados desde la contratación. Además, se amplían las facultades de los directores de empresas mayoristas de suspender la entrega de productos —tanto normados como liberados— a las empresas minoristas o unidades empresariales de base que incumplan lo establecido. De igual forma, se extiende el alcance de la bancarización a nuevas áreas del comercio como arrendamientos o servicios.
El uso de la carta de crédito local como instrumento de pago para productos normados es otra de las medidas ratificadas. Como novedad, destaca la inclusión del sector presupuestado en la regulación: ahora se establece que las nuevas entregas estarán condicionadas a la liquidación de compras anteriores.
Otra inclusión significativa es la obligación de usar medios electrónicos para una serie de servicios y operaciones que no estaban contemplados en la norma anterior: las ventas a crédito o a plazo; las ventas de productos importados financiados mediante acceso al mercado cambiario; el arrendamiento de espacios por entidades mayoristas, minoristas o presupuestadas; los servicios de alojamiento que prestan entidades locales a personas jurídicas y naturales.
La nueva resolución también restringe o elimina aspectos presentes en las regulaciones de 2022. La disposición más reciente indica que el Gobierno renunció a la meta de habilitar el pago electrónico en una bodega por provincia. En el caso de las tiendas Mercabal y Unitiendas, continúa la aplicación del cobro electrónico, pero aumenta su alcance: ya no solo aplica a los actores no estatales, sino también a los estatales.
Un sistema más bancarizado, pero también más frágil
El proceso de bancarización en Cuba comenzó formalmente con la implementación de la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba, publicada en agosto de ese año. La medida marcó un punto de inflexión en la política económica del país al establecer el uso obligatorio de canales electrónicos para las operaciones comerciales y financieras entre entidades económicas.
Por entonces, la resolución impulsó una transformación en la manera en que se realizan los pagos, con la intención declarada de reducir el uso del efectivo, transparentar las operaciones y mejorar el control financiero del Estado. Sin embargo, desde su entrada en vigor, ha enfrentado múltiples obstáculos.
A pesar del fin regulatorio que persigue el Gobierno, la infraestructura tecnológica del país no ha estado a la altura. En 2025, la isla se sitúa en la cola del continente latinoamericano en cuanto a la velocidad de conexión a Internet, según el Speedtest Global Index.
El informe Digital 2025 de la agencia creativa estadounidense We are social explica que la baja penetración a Internet en Cuba responde a problemas de larga data como la obsolescencia de los dispositivos y los apagones frecuentes, que limitan de forma grave la fluidez de los pagos digitales. También intervienen de manera negativa factores como la brecha generacional y tecnológica, debido al envejecimiento de la población y la baja alfabetización digital en zonas periféricas y rurales; respectivamente.
Por otro lado, si bien la norma busca modernizar y controlar mejor el sistema comercial, lo hace sobre una infraestructura bancaria descrita por el economista Ricardo Torres en 2023 como «un error que se superpone a una serie de errores de muy larga data». A lo que añade: «A estas alturas no sé si algún parche pueda funcionar. Peor aún, el modelo en sí mismo no funciona. Dudo que lo haga».
Bancarización a la fuerza
Aunque el discurso oficial defiende la bancarización y la presenta como un paso necesario para mejorar la eficiencia y la transparencia en el comercio, la forma en que se implementa revela un patrón coercitivo que prioriza el control estatal sobre la funcionalidad del sistema. En lugar de incentivar o facilitar la adopción de medios de pago electrónicos, el régimen optó por intensificar los controles y sanciones contra quienes incumplen.
Entre diciembre de 2023 y abril de 2024, se realizaron más de 8 000 acciones de fiscalización y se aplicaron multas, cierres temporales y cancelaciones de licencias a cientos de establecimientos, la mayoría del sector no estatal. Las autoridades justifican estas acciones bajo el amparo del Decreto 184 de 1993, aunque varios especialistas han cuestionado su validez para sancionar con tal severidad, sobre todo a negocios que se inscribieron antes de que la bancarización fuera un requisito formal para mantener su existencia.
El enfoque punitivo ha generado un entorno de incertidumbre jurídica y tensión económica. La imposición de la bancarización, sin considerar las condiciones reales del país, en muchos casos, ha creado más obstáculos que soluciones, en opinión de varios emprendedores cubanos.
En palabras de la economista Tamarys Lien Bahamonde, tampoco resuelve «el problema real de fondo: la deformación estructural de la economía, sustentada en la escasez de oferta, un sistema productivo ineficiente y una elevada inflación».
Si te interesan los temas jurídicos puedes visitar nuestro proyecto elTOQUE Jurídico, en el cual encontrarás análisis y debates sobre las leyes, los derechos y los procesos jurídicos en Cuba.
Síguenos también en Twitter: @eltoquejuridico
Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *